Trump sustituye al jefe del ICE tras protestas y tiroteos mortales en Minneapolis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relevó a Greg Bovino como comandante en jefe de la Patrulla Fronteriza y envió al zar de la frontera, Tom Homan, a Minneapolis tras semanas de protestas en la ciudad, reseña Almayadeen.

La decisión se produjo luego de manifestaciones contra los operativos migratorios federales en Minneapolis, estado de Minnesota.

Horas previas al relevo, ciudadanos se concentraron frente al hotel donde Bovino pasó su última noche en Minneapolis, en rechazo a las acciones de represión, que incluyen las ejecuciones extrajudiciales de Renée Good y Alex Pretti, así como detenciones de niños.

Coordinación entre Trump y el gobernador de Minnesota

El relevo se concretó después de una llamada telefónica entre el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el jefe de la Casa Blanca donde alcanzaron un acuerdo de coordinación, tras una conversación que calificó como «muy buena».

Según Trump, fue Walz quien solicitó el diálogo con el objetivo de trabajar de manera conjunta en temas de seguridad y migración.

Tras la llamada, el mandatario instruyó a Tom Homan a establecer contacto directo con el gobierno estatal para coordinar acciones centradas en la localización y entrega de personas con antecedentes criminales.

Homan actuará como mediador entre la Casa Blanca, el gobernador Tim Walz y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey. Trump aseguró que el gobernador aceptó su presencia en Minnesota y coincidió en reforzar las estrategias de seguridad, pese a la disminución de los índices delictivos.

Exigencias federales y postura de la Casa Blanca

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, detalló que Trump planteó tres lineamientos para redefinir la actuación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minnesota. El primero exige que el gobernador, el alcalde de Minneapolis y otros líderes demócratas entreguen a migrantes indocumentados con antecedentes criminales u órdenes de arresto.

El segundo punto establece que las corporaciones policiales locales deberán entregar a cualquier migrante sin documentos detenido por autoridades estatales o municipales. El tercer eje contempla la colaboración directa de fuerzas locales con agentes federales en la localización y detención de personas buscadas, en especial por delitos violentos.

Leavitt responsabilizó a Walz y Frey por los hechos ocurridos el 24 de enero en Minneapolis, cuando Alex Pretti murió durante un operativo del ICE.

Reacciones políticas y judiciales

Tim Walz afirmó que solicitó investigaciones imparciales sobre los tiroteos en los que estuvieron involucrados agentes federales y pidió una reducción del número de efectivos federales de control migratorio en el estado.

Según su oficina, Trump aceptó analizar la petición y dialogar con el Departamento de Seguridad Nacional para permitir una investigación independiente.

Los expresidentes demócratas Barack Obama y Bill Clinton se sumaron a las condenas. Obama calificó la muerte de Alex Pretti como una «tragedia desgarradora» y una «llamada de atención», mientras que Clinton resumió su postura con la frase: «Todo esto es inaceptable».

Por su parte, la jueza federal Kate M. Menéndez afirmó que el contexto actual es «sorprendentemente inusual». Según recordó, el 16 de enero dictaminó que los agentes federales no pueden detener a manifestantes pacíficos sino obstruyen a las autoridades.

No obstante, hasta el momento no emitió un fallo tras la audiencia celebrada este lunes y se desconoce cuándo se pronunciará.

Llamados a abolir el ICE y contexto de protestas

Por su parte, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, llamó a abolir el ICE en una publicación en X, acompañada de un video y aseguró que lo ocurrido en Minneapolis no sucederá en Nueva York.

Mamdani calificó las muertes de Renée Good y Alex Pretti como asesinatos y denunció la crueldad de las redadas migratorias.

Las declaraciones se produjeron en un contexto de protestas masivas contra la intervención federal, mientras legisladores republicanos exigen investigaciones por las muertes registradas y demócratas se niegan a aprobar fondos para el Departamento de Seguridad Nacional, lo que mantiene latente el riesgo de un cierre parcial del gobierno.