El Sur

A pedido de un hermano del ex-presidente: Intervenidas por irregularidades el emporio de empresas Macri en Argentina

Ante un pedido de Mariano Macri la jueza comercial María Cristina O’Reilly resolvió intervenir la empresa Socma Americana S.A. con la designación de un «veedor informante» durante tres meses. «Se advierte, prima facie, la posible existencia de irregularidades», señala la resolución.

El hermano del expresidente argentino había enviado a fin de año cartas documento al resto de los familiares que son accionistas en la firma, corazón del grupo Macri, donde ya les pedía explicaciones –que no obtuvo– sobre la venta de bienes «que integran el patrimonio societario» y señalaba maniobras de ocultamiento y vaciamiento.

Había denunciado, además, que los socios y directivos le impedían acceder a los balances y que en la última asamblea tampoco le permitieron dejar constancia de sus cuestionamientos, no sólo alusivos al desprendimiento de bienes sino, por ejemplo, a que hasta habían nombrado como síndico a una persona fallecida. Las decisiones de esa reunión, de octubre del año pasado, como la votación de los estados contables, quedaron suspendidas también por la misma decisión judicial.

La resolución 

La presencia de un veedor tiene como finalidad la confección de una suerte de radiografía del funcionamiento de la empresa. El hombre designado es Enrique H. Kiperman, un contador y doctor en Ciencias Económicas conocido en el mundillo del derecho comercial. La resolución dice que su función será informar: «la marcha del giro social; el estado de situación patrimonial de la empresa, su estado financiero y los principales problemas que a su entender puedan perjudicar el resultado económico del giro comercial; podrá inspeccionar cualquier tarea de la empresa y confrontarla con el objetivo de cumplimentar el objeto social dando cuenta de toda irregularidad que advierta en la administración».

La jueza dispuso «la intervención del órgano de administración de la sociedad Socma Americana S.A., en grado de veeduría» ya que consideró necesario establecer una forma de «vigilancia, control y fiscalización» para «tutelar los intereses y derechos controvertidos». Este control, sostuvo O’Reilly, «brindará un mejor panorama en resguardo de los intereses sociales y mayor claridad en cuanto al manejo que se está efectuando de la sociedad y lo ocurrido en su seno, no siendo dable suponer que pueda generar perjuicios a la sociedad o significar una intromisión desmedida en los órganos sociales».

El eje de la denuncia 

Mariano Macri había planteado que en Socma se venían tomando decisiones contra los intereses de la propia empresa. Sus denuncias además apuntan, como es evidente, a no quedar arrastrado él mismo por irregularidades y varias causas judiciales que pueden comprometer a la firma, de la que él posee un 20% de acciones, mientras que el paquete mayoritario lo tiene Gianfranco con 40% (que se quedó con la parte que originalmente Mauricio Macri le había cedido a sus hijos), Florencia Macri cuenta con otro 20% y el 20% restante es de los hijos de Sandra Macri (quien falleció), Rodrigo y Franco. El expresidente no figura en los papeles, pero es ostensible su manejo del negocio familiar.

Las irregularidades

El fallo de la jueza O’Reilly repasa algunas de las cuestiones denunciadas por Mariano Macri, incluso cuando asistió a la asamblea del 6 de octubre de 2021 acompañado por un escribano ante la sospecha de que sus planteos quedarían, como sucedió, fuera del acta «oficial».

* El hermano del exmandatario, recuerda la resolución, señalaba que entre los accionistas hay una “mayoría automática” que designó como síndico titular de la comisión fiscalizadora a Carlos Eduardo San Miguel, quien resulta que había fallecido el 24 de junio anterior. «Semejante irregularidad –dijo entonces el representante legal de Mariano– demuestra que tanto los miembros del directorio como de la comisión fiscalizadora han actuado con total y absoluta falta de funcionamiento de los órganos societarios de Socma», en contra de la ley.

* Esa mayoría que llamó «automática», «seguiría eligiendo como presidente de la sociedad a una persona de 98 años, enfermo y con internación domiciliaria por lo menos desde 2019″.

T/ Página12/ LRDS

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