Denuncian desaparición de otra niña en Paraguay

En Paraguay no todo es lo que intenta hacer que parezca el gobierno de Mario Abdo Benítez. Una niña de 14 años está desaparecida y es tratada como si fuera beligerante. A las víctimas –aún cuando son menores – se las presenta como victimarios. A una mujer que vive al otro lado de la frontera, en Puerto Rico, Misiones, se la considera combatiente en la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) – un mix de soldados y policías – es reivindicada por el presidente como si tuviera una misión redentora en el norte del país. Lo único con apariencia de cierto es que existe un escenario de violencia política interna donde el Estado cumple el rol principal y las denuncias por violaciones a los derechos humanos empiezan a circular cada vez con más fuerza en el plano internacional.

La Argentina se transformó en una plataforma desde donde llegan las críticas a Asunción y sucesivos pedidos de explicaciones de organismos de DD.HH. El último fue sobre el paradero de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, de 14 años, hija de los militantes del EPP, Carmen Villalba y Alcides Oviedo detenidos desde 2004. Sus familias han sido sistemáticamente perseguidas por todos los gobiernos desde que la insurgencia guevarista de base campesina opera en el norte del país. Una vieja práctica con reminiscencias de las dictaduras del Cono Sur apoyadas por Estados Unidos en las décadas del ’60 y ‘70.

El sábado pasado se denunció en Buenos Aires la desaparición forzada de Oviedo Villalba. La nena de nacionalidad paraguaya es prima de las dos pequeñas argentinas que asesinó la FTC el 2 de septiembre. Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba tenían 11 años. Cuando se conocieron sus muertes una había recibido siete balazos y la otra dos. Les habían disparado de espaldas, de frente y de costado. Sus cuerpos estaban boca abajo en una zona de vegetación tupida, cercana a un campamento desmantelado del EPP. Medios paraguayos citaron la explicación de Cristian Ferreira, el perito forense que las examinó: “La posición en que quedaron los cuerpos indica que evidentemente estaban huyendo” de las tropas que atacaron el reducto guerrillero.

Herencia dictatorial

 El presidente Benítez –hijo del histórico secretario privado del dictador Alfredo Stroessner – montó una mise en scene en la que dio cuenta del “operativo exitoso en contra del EPP” y aclaró que “después de un enfrentamiento, dos integrantes de este grupo armado han sido abatidos”. Las “caídas en combate” eran las dos nenas. El 2 de diciembre último desde Washington, la organización Human Rights Watch señaló que “las autoridades de Paraguay destruyeron pruebas fundamentales relacionadas con la muerte de dos niñas argentinas de 11 años causadas por agentes de fuerzas de seguridad del Estado y violaron tanto sus propios protocolos de investigación como normas internacionales de derechos humanos”.

El gobierno paraguayo habría dispuesto una inversión para combatir al EPP de 67.641 millones de guaraníes (unos 9,6 millones de dólares) que incluyó en el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2021, según informaciones originadas en Asunción. Una suma que, según sus críticos, no se compadece de los escasos avances que muestra en su campaña contra la guerrilla que opera en los departamentos de Concepción y San Pedro. Con semejantes recursos disponibles, parecería que al Partido Colorado en el poder no le alcanza y apeló a través del diputado oficialista Raúl Latorre a un pedido de ayuda a EE.UU. El 14 de septiembre, unos días después de que la guerrilla secuestrara al exvicepresidente de la Nación Óscar Denis, solicitó en el Congreso “la cooperación militar de Estados Unidos para la lucha contra el EPP” basándose en que su país “siempre ha sido un aliado estratégico” de Washington.

Los lazos históricos del Paraguay con Estados Unidos le dan la razón a Latorre. La USAID, una organización de superficie de la CIA, financió programas de entrenamiento para militares y policías entre 2005 y 2010, incluso durante la presidencia del obispo Fernando Lugo, depuesto por un golpe legislativo el 22 de junio de 2012 con apoyo de la embajada de EE.UU. La iniciativa del diputado colorado es coherente con esa política. En ese contexto y después de que fueran asesinadas las dos nenas el 2 de septiembre y desapareciera su prima de 14 años este mes, surgió en Buenos Aires la campaña nacional e internacional de solidaridad con la familia Villalba. Se exige “la aparición con vida ya”, de la niña Carmen Elizabeth y “la libertad” de Laura Villalba. La razón es obvia: corren peligro sus vidas.

A la mujer que es enfermera la detuvieron el 23 de diciembre cuando buscaba a su sobrina. El gobierno la acusa de dar apoyo logístico al EPP. La oficialista Agencia de Información Paraguaya publicó que el comandante de la FTC, Oscar Chamorro, señaló que la apresaron en la zona del Cerro Guazú, departamento de Concepción, donde se produjo el último enfrentamiento entre los militares y el EPP, el 21 de noviembre pasado. Pero Villalba vive en la provincia de Misiones hace más de diez años con su familia numerosa.

En una extensa entrevista que le concedió al periodista Alejandro Spivak el 14 de septiembre, para el sitio https: //misionesplural.net/, Myrian Villalba, la mamá de Lilian Mariana contó: “Pedí refugio político para mi madre, para mi hermana (sus nombres no los dio a conocer) y para mí porque temo por nuestras vidas y las de los chicos que estamos criando en nuestra chacra”, La propiedad está ubicada en la colonia San Alberto del municipio de Puerto Rico, en Misiones.

T/ Página12/ LRDS