El presidente de Colombia, Iván Duque, afirmó que su política está «totalmente alineada» a la «nueva estrategia» antidrogas anunciada recientemente por EE.UU, que ha significado un cambio discursivo del abordaje tradicional del tema por parte de Washington, y que pide a Bogotá el reforzamiento de la presencia estatal preventiva en las zonas rurales y de los acuerdos de paz.
El lunes pasado, la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP, por sus siglas en inglés) dio a conocer la nueva «estrategia holística antinarcóticos» entre EE.UU. y Colombia. Tras la publicación de un comunicado donde establecen las tres líneas gruesas del trabajo conjunto. e centra en la «reducción de la oferta de drogas», la «seguridad y desarrollo rural integral» y la «protección ambiental», el mandatario colombiano afirmó que los abordajes al respecto hechos por Bogotá y Washington estaban «totalmente alineados«.
En breves declaraciones a los medios, Duque se refirió a la erradicación y sustitución de cultivos y al uso de «mecanismos de precisión donde corresponda», que podría relacionarse con la polémica aspersión con glifosato para erradicar la coca, que en 2020 alcanzó la cifra récord de 245.000 hectáreas sembradas y 1.010 toneladas métricas, según la propia ONDCP.
Sin embargo, la solicitud de EE.UU., con la que Colombia muestra su acuerdo total, pareciera chocar con lo que reflejan los medios cuando reseñan hechos de sangre en el país suramericano.
Es común encontrarse con declaraciones de grupos de defensa de los derechos humanos, cuyas denuncias suelen tener tres factores en común: la ausencia institucional en las zonas más apartadas y vulnerables donde han ocurrido asesinatos de líderes sociales, de excombatientes y masacres; incumplimiento de lo establecido por el Gobierno en los acuerdos de paz y la respuesta armada del Estado como única vía para resolver el conflicto, reseñan medios internacionales.
Además del tema del narcotráfico, la Administración de Joe Biden, a través del secretario de Estado, Antony Blinken, que estuvo recientemente en territorio colombiano, se ha referido a la necesidad de «rendición de cuentas» sobre los abusos de los derechos humanos cometidos allí.
Cabe destacar un año después de que una comisión de la Cámara de Representes catalogara de fracaso «el Plan Colombia», una medida de EE.UU. para controlar la producción y el tráfico de drogas, tras 20 años de acciones infructuosas que le han costado a ese país unos 11.600 millones de dólares.
En esta «nueva estrategia» de la ONDCP, hay un «enfoque holístico que reconoce la importancia de la seguridad, la justicia, el desarrollo económico y la protección ambiental», según la directora interina de Política Nacional de Control de Drogas, Regina LaBelle.
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