Jarro de agua fría para Rabat. Y para sus relaciones con España y con la Unión Europea. Tal y como se esperaba, el Tribunal General de la UE (TGUE) otorgó este miércoles la razón al Frente Polisario: los acuerdos de liberalización que la UE mantiene con Marruecos y que incluyen al Sáhara Occidental son ilegales porque no contaron con el beneplácito del pueblo saharaui. No obstante, la corte europea pide mantenerlos en vigor durante «un cierto periodo de tiempo con el fin de preservar la acción exterior de la Unión y la seguridad jurídica de sus compromisos internacionales». Así, continuarán en marcha durante dos meses.
El Polisario había interpuesto tres recursos ante la instancia judicial europea pidiendo la anulación de los acuerdos de libre comercio, del acuerdo de pesca y contra el reparto de las cuotas pesqueras. Este último fuedesestimado.
Los representantes del pueblo saharaui arguyen que los pactos en vigor contrarían el Derecho Internacional, en tanto que incluyen y hablan en nombre de un territorio en proceso de descolonización. También defienden que contravienen los propios fallos previos de Luxemburgo, pues sostienen que el Polisario como representante legítimo reconocido por la ONU nunca dio su consentimiento, ya que ello supondría el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el territorio ocupado del Sáhara. Por último, alegan que los acuerdos en marcha privan al pueblo saharaui de explotar y beneficiarse de sus propios recursos.
Por su parte, la UE se defiende alegando que la población saharaui sí ha sido consultada y defiende que ha seguido en marcha con los acuerdos —a pesar de las sentencias contrarias del TJUE— porque suponen un avance para el desarrollo económico de la población local. Sin embargo, para la Justicia europea, las «consultas» de la Comisión Europea a las «poblaciones afectadas» no pudieron fructificar en la expresión del consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental.
El TGUE estima que el papel y la representatividad del Frente Polisario le confieren capacidad procesal ante el juez de la Unión. Por ello, «hace constar que el Frente Polisario goza de reconocimiento a nivel internacional como representante del pueblo del Sáhara Occidental», reza la sentencia, que le atribuye «autonomía» y «responsabilidad» en el proceso. El fallo no deja margen a las dudas: los controvertidos acuerdos se aplican expresamente sobre el Sáhara Occidental y, por lo tanto, requerían el consentimiento de su representante. Y esta es la clave del proceso. La Justicia europea sí permite establecer este tipo de acuerdos, pero exige la aprobación —que no se ha cumplido hasta la fecha— del Polisario, al que reconoce como persona jurídica y representante legítimo del pueblo saharaui.
«El Tribunal General concluye que el Consejo no tuvo suficientemente en cuenta todos los elementos pertinentes relativos a la situación del Sáhara Occidental y consideró erróneamente que gozaba de un margen de apreciación para decidir si procedía atenerse a dicha exigencia», concluye el fallo.
Un camino de sentencias desfavorables
La Unión Europea y Marruecos celebraron en 1996 un Acuerdo de Asociación, que entró en vigor cuatro años después; en 2006 un Acuerdo de Pesca y en 2012 un Acuerdo de liberalización en materia de productos agrícolas, agrícolas transformados, pescado y productos pesqueros. El Tribunal de Justicia de la UE concluyó en diciembre de 2016 que ni el Acuerdo de Asociación con Marruecos ni el pacto sobre la liberalización comercial se debían aplicar al Sáhara Occidental al tratarse de un territorio «separado y distinto» del país ocupante.
Pero no se pronunció sobre el Acuerdo de Pesca. Fue en 2018, cuando la corte de Luxemburgo validó este último pero reiterando que no podía extenderse a las aguas del Sáhara Occidental. Es en este territorio donde se encuentran el 91,5% de todas las capturas que contempla el acuerdo con la UE. Es decir, los intereses en juego son enormes. Por el mismo, Marruecos permite faenar a 128 buques europeos —92 españoles— y en contrapartida obtiene 52 millones de euros anuales.
El razonamiento de las dos sentencias es el mismo: la Justicia europea ve al Sáhara Occidental como un actor tercero en las relaciones UE-Marruecos y su territorio y recursos solo puede ser incluido en los acuerdos rubricados entre ambos bajo su apoyo explícito. Tras los fallos desfavorables del 2016 y el 2018, las instituciones europeas han continuado aplicando los acuerdos con Marruecos sobre la antigua colonia española sin contar con el beneplácito del Polisario.
Consecuencias directas para la UE
Por todo ello, los representantes del pueblo saharaui suman una larga batalla en los pasillos de la corte de Luxemburgo. La sentencia puede ser recurrida los próximos dos meses y diez días y, previsiblemente, así lo hará la UE. Pero ya amenaza con abrir un cisma en el triángulo Bruselas-Rabat-Madrid. Las relaciones entre Marruecos y España alcanzaron un momento de tensión sin precedentes en los últimos años con la crisis de Ceuta. Una tirantez que llegó hasta la propia UE, muy poco dada a criticar abiertamente al país de Mohamed VI.
Durante las cuatro décadas de ocupación, Bruselas se ha mostrado muy reacia a criticar cualquier abuso de Rabat, que se ha erigido como una especie de aliado intocable y uno de sus socios de preferencia del bloque comunitario. Sin embargo, la situación ceutí abrió un cisma en la relación. La Eurocámara emitió su primera crítica abierta en 24 años por el abuso de derechos humanos contra Marruecos.
Tras las sentencias de la Justicia europea previas, Rabat reaccionó con cólera y amenazó con represalias en materias que preocupan a la UE como la seguridad o la migración. El país siempre ha intentado que la UE reconozca su soberanía sobre el Sáhara. Nunca lo ha conseguido ‘de facto’ pero sí a golpe de hechos: Europa le ha blindado una protección determinante mientras camina en una línea delgada de legalidad. El rey alauí se vio, además, reforzado con el reconocimiento del ex presidente Donald Trump de si soberanía sobre el Sáhara ocupado a cambio de la normalización en las relaciones con Israel.
Por su parte, el Frente Polisario celebró este «histórico» triunfo judicial. Su delegado en España Abdulah Arabi, en declaraciones a este periódico, lo ha definido como «una victoria importante para el pueblo saharaui, para la Justicia y el Derecho Internacional». «Una vez más se ha demostrado que el Sáhara Occidental tiene una parte ocupada por Marruecos y que cualquier acuerdo con Rabat que incluye nuestros recursos es ilegal», ha señalado desde Luxemburgo.
T/ Público/ LRDS
