La Corte Suprema de Justicia de Argentina avaló la designación, mediante un decreto del presidente Javier Milei, de Manuel García Mansilla como magistrado y lo juramentó este jueves, mientras que decidirá el jueves 6 de marzo sobre el futuro de Ariel Lijo.
El acto, que se realizó en el Palacio de Tribunales de la ciudad de Buenos Aires, fue presidido por el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y participaron los otros dos integrantes del tribunal, el vicepresidente Carlos Rosenkrantz y el ministro Ricardo Lorenzetti.
El real decreto publicado en el Boletín Oficial por el presidente argentino encendió las críticas de sociedad civil y de organizaciones sin ánimo de lucro por tratarse de una decisión unilateral que afecta al poder judicial de todo un país.
El mandatario decidió cubrir los puestos por decreto al considerar que no obtendría los apoyos necesarios en el Senado para ocupar las dos vacantes del Supremo, que dejaron las salidas de Juan Carlos Maqueda, el pasado diciembre, y de Elena Highton de Nolasco, en 2021.
Pero, su decisión desató el rechazo del bloque peronista en el Senado, que consideró mediante un comunicado que Milei “volvió a violar la Constitución”, ya que los “empleos” que pueden ser cubiertos durante el receso del Legislativo son cargos diplomáticos y militares.
La Constitución establece que el Senado debe refrendar las postulaciones del presidente con, al menos, dos tercios de los votos, y solo autoriza al presidente a designar en comisión a los posibles candidatos a la Corte Suprema en caso de no pueda funcionar el tribunal y la Cámara alta esté en receso.
La juramentación se aprobó mediante un acuerdo de ministros de la Corte.
“En el Acuerdo de Ministros del día de hoy, conforme al decreto del PEN 137/2025 del pasado 25 de febrero, y encontrándose cumplidas todas las formalidades correspondientes, se decidió tomarle juramento como ministro de la CSJN al Dr. Manuel José García Mansilla”, señaló la institución.
Por el momento, la Cámara Federal, puesto que ocupa el juez Lijo, decidió por unanimidad otorgarle la licencia para desempeñar su labor en la Corte Suprema.
De hecho, su caso es más complejo ya que no hay un criterio unificado con respecto a si corresponde otorgar el beneficio de la licencia sin goce de sueldo al juez federal, sino que debería presentar la renuncia a su cargo como magistrado federal, al entender que no puede retener su despacho y, a su vez, desempeñarse como integrante de la Corte.
La designación de Lijo también fue rechazada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que reveló que el magistrado recibió 32 denuncias disciplinarias desde que ejerce como juez y solo elevó a juicio 14 de las 89 causas de corrupción que estuvieron a su cargo.
La ONG Human Rights Watch fue más allá: “Milei arremete contra la independencia judicial”, aseguró en un informe.
Según Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, “nombrar a Lijo y García Mansilla por decreto es uno de los ataques más graves a la independencia de la Corte Suprema en Argentina desde el retorno a la democracia”.
Con la incorporación de García-Mansilla, la Corte Suprema ya cuenta con cuatro de los cinco jueces previstos por ley.
T: Agencia
