La protesta, que se mantiene por más de un mes, incluye pasar del cierre parcial al bloqueo total de las vías en ese occidental territorio y coincide con la tercera visita de una comisión gubernamental que intenta sofocar la crisis como parte de las acciones del Gobierno que también decretó el estado de emergencia para reactivar la economía.

La medida fue aprobada en asamblea por los representantes de los trabajadores de la finca bananera ubicada en el distrito de Changuinola.

Por su parte, el presidente de la República. José Raúl Mulino advirtió que una de las condiciones para llevar el proyecto de modificaciones a una normativa que beneficia a ese sector productivo a la Asamblea Nacional (parlamento) era la reapertura de las vías al tiempo que aseveró que no permitirá que tranquen al país.

Chiquita Brands International despidió a cinco mil empleados

Mientras, la empresa subsidiaria de la estadounidense Chiquita Brands International despidió a cinco mil empleados tras más de un mes de protestas y pérdidas millonarias.

Sin embargo, el secretario general de Sitraibana, Francisco Smith, sostuvo la postura de continuar en las calles exigiendo la derogatoria de la llama Ley 462, solicitud que, para el Ejecutivo, está descartada.

Comercios cerrados, vuelos aéreos cancelados, desabastecimiento de algunos productos y una inflación de las tarifas del transporte interno son algunas de las consecuencias que ha dejado el paro.

De acuerdo con el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, el propósito de la comisión y el estado de emergencia es llegar a todos los sectores, conocer sus necesidades y buscarles solución.

“El Gobierno está comprometido con mejorar las condiciones laborales, económicas, educativas y de salud del pueblo bocatoreño y del resto del país”, remarcó.

Panamá cumple 21 días de huelga indefinida, entre represión y diálogo

Defensoría del Pueblo criticó que las protestas han dejado de ser pacíficas

La víspera, la Defensoría del Pueblo criticó que las protestas en el istmo han dejado de ser pacíficas, sobre todo en la comunidad indígena de Arimae, Darién, y solicitó que se abra el diálogo y de esta forma garantizar un clima de paz en la comunidad.

También se dirigió a los estamentos de seguridad a quienes les instó a actuar «estrictamente a los protocolos de uso progresivo y diferenciado de la fuerza, con pleno respeto a los derechos humanos».

En ese territorio, las autoridades incluso alertaron que podrían quedar sin suministro eléctrico debido a los cierres de la vía Panamericana, lo que ha impedido que se pudieran abastecer de combustible las generadoras.

En Darién, en la frontera con Colombia, creció la tensión y llegó al enfrentamiento entre agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y los manifestantes que también rechazan un acuerdo suscrito con Estados Unidos y estiman permite la presencia militar del norteño país.

Los activistas también rechazan una eventual reapertura de la mina de cobre de Donoso ( Colón) la más grande de Centroamérica a cielo abierto, filial de la trasnacional canadiense First Quantum cuyas operaciones fueron cerradas a multas de 2023 por el rechazo popular.

Desde el pasado 23 de abril, gremios docentes protagonizan manifestaciones y una huelga indefinida para demandar se derogue la nueva norma sobre las pensiones, con el respaldo de constructores, campesinos, indígenas, universitarios y mujeres, cuyos dirigentes han sido apresados tras procesos judiciales amañados, según denuncias.

Convocan a gran marcha en Panamá en defensa de la democracia