Bolivia: más de 100 detenidos en movilizaciones contra Rodrigo Paz

La capital administrativa de Bolivia, La Paz, mantiene un ambiente de tensión política luego de los intensos choques ocurridos el lunes 18 de mayo. Sectores populares movilizados en contra del Gobierno del presidente Rodrigo Paz se enfrentaron a fuerzas policiales y militares equipadas con armamento antimotines. Se anticipan nuevas confrontaciones para este martes.

La situación se intensificó con la llegada a La Paz de miles de marchistas procedentes de El Alto. Esta columna estaba integrada por mineros, campesinos Ponchos Rojos, gremiales, maestros e integrantes de juntas vecinales, quienes se agruparon bajo la consigna de «que renuncie» a Rodrigo Paz, continuando las protestas iniciadas hace ya tres semanas. Durante los enfrentamientos, se observó a personas que utilizaron cartuchos de dinamita, petardos, palos y piedras en defensa contra las arremetidas de los uniformados, quienes, mediante la gasificación, intentaban contener el avance de los manifestantes.

En este marco de confrontaciones, hombres y mujeres fueron detenidos y trasladados a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen para investigación. Fuentes policiales declararon a la prensa que el número de detenidos se estimó en cerca de 105. Desde el Gobierno, se anunció que los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.

Medios bolivianos reportaron una contramarcha en favor del Gobierno de Rodrigo Paz, durante la cual apedrearon la sede de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros en el Prado paceño. Asimismo, se pudo ver cómo algunos participantes en la protesta agredieron a ciudadanos de la población civil y causaron daños a infraestructuras estatales.

En medio de la escalada, el líder de la Marcha por la Vida, Feliciano Vagamontes, quien representa a sectores afines al expresidente Evo Morales, denunció ante la prensa un plan para intensificar la represión contra los movilizados. Vagamontes describió que el ministro de Defensa, Raúl Marcelo Salinas, autorizó a los militares el empleo de munición de guerra para enfrentar a los marchistas y bloqueadores.

Organismos de DD.HH. llaman al diálogo para frenar crisis en Bolivia

La Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de El Alto convocaron a un “Diálogo por el Bien Común” con el propósito de buscar una salida pacífica a la crisis política y social que atraviesa Bolivia, marcada por protestas, bloqueos y demandas de renuncia contra el presidente Rodrigo Paz.

La convocatoria está dirigida tanto al Gobierno boliviano como a organizaciones sociales y sindicales movilizadas, entre ellas la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias “Bartolina Sisa” y la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Tupac Katari”.

En un comunicado conjunto, la Iglesia, la Defensoría y la APDH manifestaron su preocupación por el aumento de la conflictividad y los recientes hechos de violencia registrados en distintas regiones.

Asimismo, cuestionaron las expresiones ofensivas, las denuncias de vulneraciones a los derechos humanos y las afectaciones sufridas por la población como consecuencia de los enfrentamientos y bloqueos.

Las organizaciones promotoras del diálogo insistieron en la necesidad de sustituir la confrontación por el entendimiento, apelando a la palabra y la negociación como mecanismos para superar el conflicto. En ese sentido, exhortaron a todos los actores involucrados a dejar de lado posiciones intransigentes y priorizar soluciones pacíficas.

Las tres instituciones señalaron que esperan una pronta respuesta de los sectores convocados para definir la fecha y hora del encuentro, con el objetivo de generar espacios de entendimiento y reducir la tensión que afecta al país.

La Comisión ratificó además el derecho inalienable de la población boliviana a la protesta pacífica, la libertad de expresión y la participación democrática. Recordó que toda manifestación debe llevarse a cabo con estricto respeto a la vida, la integridad física y la convivencia democrática, elementos fundamentales para el Estado de derecho en cualquier nación.

En este contexto, la CIDHPDA exhortó al Estado boliviano a garantizar plenamente los derechos humanos durante las acciones de control del orden público. Esto implica actuar bajo los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas, esenciales para preservar la institucionalidad.

De igual forma, la Comisión hizo un llamado a organizaciones sociales, actores políticos y líderes de todas las corrientes ideológicas para que eviten discursos y acciones que puedan escalar la violencia o poner en riesgo a la población civil, promoviendo la responsabilidad colectiva. La Comisión solicitó la apertura urgente de espacios de diálogo nacional, que deben ser inclusivos y transparentes, como vía para buscar soluciones duraderas a la crisis.

Finalmente, demandó investigaciones independientes e imparciales sobre todos los hechos de violencia documentados, con el objetivo de garantizar justicia para las víctimas y aplicar sanciones adecuadas ante cualquier violación de derechos humanos. La paz social, el Estado de derecho y la dignidad humana deben prevalecer sobre cualquier diferencia política, sentenciaron.

El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo, declaró este martes 19 de mayo de 2026 contundentemente que la renuncia del presidente Rodrigo Paz no está en discusión, calificando de absurdos los reportes de prensa que sugieren una dimisión o la salida del país del jefe de Estado o de los miembros de su gabinete ministerial.

Esta firme postura surge en un contexto de agudización de la crisis política y social que sacude a la nación. El jefe de la diplomacia del régimen derechista fijó esta postura en medio de una profunda ola de protestas y huelgas populares que ya se adentra en su tercera semana de desarrollo.

Durante los últimos días, la ciudad de La Paz se ha convertido en el principal escenario de protestas y cierres de carreteras, situación que ha provocado problemas de abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustible, afectando de manera directa a miles de ciudadanos.

Las movilizaciones son encabezadas por la Central Obrera Boliviana, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), organizaciones campesinas y sectores vinculados al exmandatario Evo Morales, quienes demandan la renuncia del presidente Rodrigo Paz y exigen respuestas a diversas promesas incumplidas.

Las protestas reflejan disputas internas dentro del movimiento popular y reclamos relacionados con la situación económica, el costo de vida y el rumbo político del país.

Fuente: Telesur

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