La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia aplazó hasta el 30 de septiembre el análisis y votación de la ponencia que pretende formular cargos al presidente de la República, Gustavo Petro, por presunta violación de los topes de financiación en su campaña electoral.
La magistrada Alba Lucía Velásquez, cercana al Pacto Histórico, quien apenas este lunes se reintegró a sus labores tras varios días de incapacidad, pidió la rotación del expediente en contra del jefe de Estado argumentando que necesita tiempo para estudiar el expediente.
Además, se negó la solicitud de suspensión fundamentada en la petición de nulidad o aclaración presentada por la defensa de la campaña ante el Consejo de Estado. Todo esto, en el marco de la decisión que resolvió el conflicto de competencias se leyó en el comunicado del CNE sobre el particular; además de rechazar la recusación a la totalidad de los magistrados.
Las magistradas Velásquez y Fabiola Márquez, del partido de Gobierno, salvaron su voto en estas últimas decisiones del órgano comicial.
La defensa del mandatario, Héctor Carvajal, aseguró, en entrevista con Blu Radio, que, en caso de que la decisión sea formular cargos en contra del presidente, no la reconocerán.
“Nosotros no haremos caso a una decisión que se adopte en ese sentido, sino que nos iremos con una acción de tutela y activaremos las medidas cautelares. (…) Nadie está obligado a reconocer una decisión totalmente violatoria de la ley”, sostuvo el abogado defensor.
En la sesión también se estudió la situación del magistrado Altus Baquero, quien compareció en la jornada en el CNE y pidió su reintegro, basado en el fallo de la Corte Constitucional, que protegió su derecho a continuar en el cargo. No obstante, el mismo fue negado ya que aún no ha llegado la sentencia formal del caso.
Su incorporación le daría más largas al proceso contra Petro ya que deberá leer y analizar el material probatorio con miras a adoptar una determinación. “Es un expediente voluminoso, cerca de 1.000 y pico de páginas contenidas en pruebas, y esto quiere decir que se requiere de un estudio detenido para ello”, manifestó.
Los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, cercanos al Centro Democrático y al Partido Liberal, respectivamente, han señalado que según la contabilidad presentada por el gerente de la campaña, Ricardo Roa, no se reportaron gastos adicionales por cerca de $5.355 millones, como parte de donaciones hechas por algunas organizaciones, gastos de propaganda y vuelos, entre otros.
El jefe de Estado a través de sus redes sociales y sus apariciones públicas ha enfilado baterías contra el órgano electoral al que señalado de promover un golpe de Estado.
T: Agencias/LRDS
