El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador fijó para el próximo 21 de abril la celebración del referéndum y consulta popular impulsada por el Gobierno de Daniel Noboa sobre enmiendas constitucionales y reformas legales sobre seguridad, justicia, inversión y empleo.
El proceso consultivo que incluirá 11 preguntas, cinco para el referéndum de enmiendas constitucionales y seis de un plebiscito sobre las reformas legales.
El ente electoral llamó a las organizaciones de la sociedad civil que quieran participar en la promoción del ‘Sí’ o del ‘No’ a las preguntas planteadas, a inscribirse desde este miércoles hasta el 4 de marzo para poder actuar en la campaña electoral que se desarrollará entre el 7 y el 18 de abril según el calendario aprobado.
Diferentes fuerzas políticas empiezan a tomar posiciones con relación al proceso consultivo y ya se pronunciaron a favor, entre ellas el movimiento Construye, el Partido Social Cristiano y la organización Creo.
Entretanto, otras agrupaciones, como la Revolución Ciudadana, consideran la propuesta de Noboa como errática e innecesaria, pues abarca asuntos que pueden tratarse en el legislativo sin necesidad de realizar el proceso, que costará 60 millones de dólares al Estado.
El CNE recordó que el sufragio es obligatorio para todos los ciudadanos mayores de 18 años, con derecho a ejercer el voto, así como para militares y policías, personas con discapacidad y reos sin condenas en firme. También podrán participar en la consulta los ecuatorianos que residan en el exterior y que se hayan inscrito.
Según el organismo electoral alrededor de 13.650.000 ciudadanos están habilitados para votar en el referéndum y consulta popular.
Las preguntas planteadas por el presidente Daniel Noboa, aprobadas por la Corte Constitucional, que conllevarían modificaciones a la Carta Magna están relacionadas con la eliminación de la prohibición de extradición de personas ecuatorianas y la incorporación de judicaturas especializadas en materia constitucional.
También buscan aprobar permisos para arbitraje internacional entre el Estado y reclusos, así como la incorporación de contratos laborales por horas y a plazo fijo.
De igual manera, otras interrogantes buscan reformas a leyes vigentes sobre el control de armas y municiones por parte de las Fuerzas Armadas, tipificación de delitos por tenencia de armas, e incremento de penas para terrorismo o delincuencia organizada.
Noboa, quien asumió el poder en noviembre de 2023, impulsó la consulta popular bajo el paraguas de la lucha contra las bandas del crimen organizado que habían desatado una espiral de violencia en las cárceles del país y que luego saltó a las calles.
El gobernante declaró un estado de excepción y decretó el «conflicto armado interno», lo que le permitió utilizar a las Fuerzas Armadas para que apoyen a la Policía en las operaciones anticrimen desarrolladas en Ecuador.
T: Telesur/Prensa Latina/LRDS
