El Congreso de los Diputados de España aprobó este jueves la polémica ley de amnistía para los involucrados en el proceso secesionista catalán, que tuvo su punto álgido en la celebración de un referéndum de autodeterminación ilegal en octubre de 2017 y la posterior declaración de independencia unilateral.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), del presidente Pedro Sánchez, junto a los espacios políticos que apoyaron su investidura han conseguido que la norma viera la luz verde.
La Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña salió adelante con el voto negativo del Partido Popular (PP), de la ultraderecha de Vox y de los dos diputados únicos de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Coalición Canaria (CC). En total, 177 votos a favor y 172 en contra.
La votación ha estado precedida de un debate agrio en el que se han escuchado descalificaciones. Desde la tribuna se llamó «filonazis» y «neofascistas» a los miembros de Vox, mientras que los abanderados del partido ultraderechista liderado po Santiago Abascal aseguraron que la ley es un «acto de corrupción política».
El debate ha sido interrumpido en varias ocasiones por los gritos, insultos y golpes en los escaños de la bancada de Vox, que ha provocado que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, haya tenido que llamar al orden en repetidas ocasiones recordando que «ser demócrata implica saber escuchar al que piensa diferente».
La ley de amnistía fue exigida por los partidos independentistas catalanes Junts per Catalunya, del expresidente catalán Carles Puigdemont, y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), para avalar la investidura de Pedro Sánchez, el pasado mes de noviembre.
La iniciativa, que llegó a la Cámara a través de una Proposición de ley del Grupo Socialista, comenzó su tramitación el 12 de diciembre, con la toma en consideración, y superó el debate de totalidad el pasado 10 de enero, al quedar rechazados los textos alternativos presentados por el Grupo Popular y el Grupo VOX. El 30 de enero, la iniciativa regresó a la Comisión de Justicia al no obtener mayoría absoluta en la votación final de conjunto.
El 7 de marzo se aprobó un nuevo dictamen en la Comisión de Justicia. En esa ocasión, el texto sí se aprobó por mayoría absoluta en el Pleno el 14 de marzo y se remitió al Senado. Después de que la Cámara Alta haya impuesto su veto, de acuerdo con el artículo 122 del Reglamento del Congreso, se ha sometido a votación el texto inicialmente aprobado por el Congreso, que lo ha ratificado por mayoría absoluta y ha levantado el veto. De no haber alcanzado dicha mayoría, se hubiese producido una nueva votación en el plazo de dos meses y el veto hubiera quedado levantado de alcanzarse la mayoría simple.
La nueva votación ya es definitiva y la ley debe ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor y posteriormente comenzar su aplicación por parte de jueces y magistrados, que deberán evaluar los casos uno a uno, para lo que tendrán dos meses de plazo.
Por su parte, deberá dictar inmediatamente las cautelares, como la orden de detención que pesa medidas sobre Carles Puigdemont. A partir de entonces, el expresidente catalán podrá volver a España, de donde se autoexilió en 2017, sin riesgo de ser detenido.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció esta misma mañana que su partido, el PP, presentará un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional de inmediato.
T: RT Actualidad/Prensa Congreso España/LRDS
