La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, solicitó a la Corte de Constitucionalidad que le permita encausar penalmente al presidente Bernardo Arévalo porque supuestamente toma medidas políticas y financieras contra la institución que dirige.
Porras señaló que presentó la petición de «debida ejecutoria» de un amparo otorgado en mayo en el que se exige a Arévalo y otros funcionarios que se «abstengan» de «todo acto que, fuera del marco constitucional y legal, atenten contra el mandato para el cual fue electa» la fiscal hasta 2026.
«El presidente ha manifestado en reiteradas ocasiones querer tomar el control del Ministerio Público», aseguró Porras en tono enérgico en un video de 17 minutos publicado en la red X.
La funcionaria agregó que pese a las advertencias de la Corte «siguen actuando en contra de la independencia y autonomía» de la fiscalía.
Porras también pide que destituyan a varios funcionarios del Gobierno de Guatemala Entre ellos, menciona al secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero Garnica, al procurador General de la Nación, Julio Roberto Saavedra Pineta, al ministro de Finanza, Jonathan Menkos y el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo Vila, cuya subordinación depende del presidente de la República.
La nueva acción de Porras se da luego de que el gobierno denunciara que la fiscalía secuestró el padrón electoral con los datos sensibles de casi 10 millones de guatemaltecos aptos para votar y que incluye nombre, dirección, número telefónico y filiación política.
Arévalo, en el poder desde enero, ha pedido públicamente la renuncia a Porras al considerar que sus acciones vulneran la democracia en el país. También presentó en mayo, días antes del amparo, una iniciativa de ley para obtener la facultad de remover a la fiscal, pero el proyecto no ha avanzado en el Congreso.
Porras también es señalada de intentar evitar la asunción presidencial de Arévalo con polémicas investigaciones contra su partido Semilla y las elecciones de 2023 en las que triunfó el político socialdemócrata.
El gobierno guatemalteco, en un mensaje enviado a la prensa tras el video de Porras, la calificó de «una fiscal débil y desesperada» que «se niega a rendir cuentas a las autoridades, a los medios, a la opinión pública» y a la ciudadanía.
T: Agencias/LRDS
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