Justicia boliviana prohibe la salida del país de ministros del régimen de facto involucrados en corrupción
‘La solicitud se da porque es necesario contar con la presencia física de los requeridos para que respondan por sus actos ante la jurisdicción del Estado boliviano’, señala el documento de la fiscalía recibido por la Dirección General de Migración.
Murillo una de las figuras más controvertidas del gobierno de facto rechaza toda acusación y asegura que la investigación es un signo de persecución política que responde a un ajuste de cuentas por parte del Movimiento al Socialismo (MAS), fuerza ganadora en las elecciones generales del 18 de octubre.
En declaraciones a medios locales el ministro de Gobierno, cesado una vez del cargo por las acusaciones en su contra, catalogó el proceso de ‘cacería’ y afirmó que no será trofeo de narcotraficantes, pedófilos o delincuentes vendidos a las mafias.
En cuanto a la investigación de la fiscalía se conoce que la cartera dirigida por Murillo solicitó en noviembre de 2019 la compra de balas de goma, pólvora y químicos a la empresa brasileña Cóndor.
La gestión fue posible con la participación en calidad de intermediaria de la compañía Bravo Tactical Solutions LLC, establecida en Miami, Estados Unidos.
Por su parte el Ministerio de Defensa, también en noviembre del pasado año, contrató la compra de agentes químicos a la misma empresa asentada en territorio de estadounidense por un valor superior a los cinco millones de dólares.
Ambas gestiones sucedieron en el contexto de la represión a militantes de movimientos sociales que exigían el respeto a la constitucionalidad y a los resultados de las elecciones en las que resultó ganador Evo Morales, obligado a dimitir por un golpe de Estado amparado por policías y militares.
Tras las evidencias de corrupción los legisladores del MAS, mayoría en ambas cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional (parlamento), hicieron la denuncia a las autoridades correspondientes por los delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes.
