Migrantes repatriados de El Salvador piden garantías para acudir a audiencia en EE.UU.
El dictamen del juez James Boasberg allana el camino para que los hombres exijan algún tipo de reparación, al reconocer que no tuvieron acceso al debido proceso durante la atropellada expulsión
Los migrantes venezolanos que estuvieron secuestrados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, luego de ser deportados por Estados Unidos, pidieron garantías para acudir a una audiencia ordenada por un juez federal en la nación norteamericana, luego de determinar que el Gobierno del presidente Donald Trump negó el debido proceso de estos migrantes.
El juez federal James Boasberg, el mismo que emitió en marzo una orden judicial de emergencia instando al regreso de los aviones que los trasladaban a El Salvador, otorgó el 23 de diciembre dos semanas al Gobierno de Donald Trump para generar las condiciones necesarias para que esos hombres puedan impugnar la deportación ante una corte.
Ese plazo se vence el 5 de enero y este 26 de diciembre un grupo de los afectados ha exigido a la administración Trump garantías para proceder ante tribunales estadounidenses.
«Exigimos a las autoridades de ese país que generen realmente las condiciones que nos permita participar en la audiencia sin poner en riesgo nuevamente nuestra integridad y nuestras vidas», señaló, en una carta, el grupo de migrantes que fue repatriado a su país el pasado 18 de julio tras cuatro meses detención en El Salvador.
El dictamen del juez Boasberg allana el camino para que los hombres exijan algún tipo de reparación, al reconocer que no tuvieron acceso al debido proceso durante la atropellada expulsión, que se basó en la Ley de Enemigos Extranjeros, un instrumento de la época de la independencia, que no se usaba desde la Segunda Guerra Mundial.
«Esperamos que esta resolución del juez de Estados Unidos marque el inicio de una solución justa y humana a nuestra situación y marque un precedente para la protección de los millones de migrantes», añadió el grupo en la misiva leída ante la prensa por un repatriado que no se identificó.
Los migrantes denunciaron la tortura sistemática, abusos sexuales y desaparición forzada que sufrieron durante su tiempo recluidos en este sitio que dejaron secuelas físicas y emocionales, como estrés postraumático, ansiedad y problemas de salud persistentes.
También reiteraron que la migración no debe ser criminalizada y debe abordarse respetando los derechos humanos.
Los involucrados, que estuvieron acompañados por la defensora de derechos humanos, Camilla Fabri, agradecieron las gestiones del Gobierno del presidente Nicolás Maduro que permitieron su regreso a Venezuela y el reencuentro con sus familias.
T: Agencias
