El Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela manifiesta su total desacuerdo con la postura asumida por los relatores de Naciones Unidas Fionnuala Ní Aoláin y Clément Nyaletsossi Voule quienes a través de un comunicado han manifestado preocupación respecto al uso en el país de leyes antiterroristas contra sindicalistas, sin tener ninguna base para ello.
El pasado 1 de agosto los ciudadanos Alcides Bracho, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez y Néstor Astudillo fueron condenados por el Juzgado 2* de Primera Instancia en Función de Juicio con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo, Corrupción y Delincuencia Organizada con Jurisdicción a Nivel Nacional por los delitos de conspiración y asociación a cumplir una pena de 16 años de prisión.
El Ministerio Público ratifica su compromiso con la paz y los derechos humanos y rechaza que se haya orquestado una campaña que pretende difundir que las condenas de estos ciudadanos se deben a su supuesta participación en organizaciones sociales.
Texto Completo del Comunicado:
T: MP/LRDS
