El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso prolongar siete años el plazo para la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 por el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), que tenía originalmente 15 años para ser completado.
Ante el Consejo de Seguridad de la ONU el Mandatario enfatizó la necesidad de intensificar los esfuerzos para lograr la paz en Colombia y planteó un “fast track”, método utilizado en 2016 para aprobar leyes en el Congreso que tenían que ver con el Acuerdo de manera más expedita, que siente las bases de una paz definitiva.
Según el presidente, esa vía cumplió su cometido en las fases iniciales de la implementación del Acuerdo, pero su alcance fue limitado y para el marco actual el alcance es insuficiente.
El jefe de Estado reconoció que en el país hay una polarización en torno a la paz y que la falta de “acuerdo nacional” que le permita hacer las transformaciones necesarias. «Gran parte de los colombianos se opuso al Acuerdo de Paz y votó en contra», quienes lo rechazan, dijo, «no quieren cambiar la normas y sin cambiarlas no se avanzará», acotó.
Petro detalló que su propuesta incluye 10 puntos que pasarán por el Legislativo, entre estos la modificación de las normas de las vigencias futuras y el plan fiscal de mediano plazo, una medida que ya ha defendido para impulsar la financiación la inclusión territorial.
A esto se suma la propuesta de cambiar la distribución del Sistema General de Participaciones para, según dijo, permitir destinar recursos a las zonas PDET, esto con el fin de financiar los proyectos de salud, educación y otros que impactarían positivamente a las regiones golpeadas por el conflicto armado.
El Presidente dijo que en Colombia no se ha dimensionado la importancia de ese compromiso que adquirió el Estado ante la comunidad internacional.
En su intervención de cierre, el Mandatario anunció que pedirá una misión internacional complementaria de apoyo al grupo especial de la Fiscalía para establecer a los autores de asesinatos de excombatientes (que ascienden a 421 desde 2016)y para detener el surgimiento de grupos neoparamilitares en varias zonas del país.
El presidente colombiano también pidió al Consejo de Seguridad que tome medidas que “potencien la capacidad financiera” del país y liberen fondos para continuar el proceso de paz.
“Tengo una cifra: 200 billones de pesos colombianos, 50 mil millones de dólares en español, 50 billones de dólares, que Colombia no tiene porque estoy al frente de una situación económica mundial y local difícil”, dijo Petro en el Consejo de Seguridad.
Entonces, «¿Cómo financiamos el Acuerdo de Paz, que es una declaración unilateral de Estado y que en mi opinión es supraconstitucional?”, se preguntó a lo que planteó cambiar deuda por acciones climática, una propuesta que ha reiterado en distintos espacios internacionales o la otra opción para Petro es quitar la calificación de riesgo del país.
“¿Por qué nosotros tenemos un riesgo país? Eso que hemos pagado como nación sobre la tasa de interés de mercado bajo la calificación de riesgo, esa plata, dejar de pagar eso, me hubiera financiado todo el Acuerdo de Paz”, afirmó.
La instancia dio la palabra a Diego Tovar, también conocido como Federico Montes, el primer excombatiente de las antiguas FARC en estar presencialmente ante el Consejo de Seguridad, y quien denunció que “la violencia en los territorios sigue destruyendo la vida de comunidades enteras” tras lo cual lamentó que los resultados, transcurridos ocho años, no son los esperados.
Consejo de DDHH apoya el Acuerdo de Paz en Colombia
Paralelamente, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó este jueves una resolución que solicita mayor apoyo de la comunidad internacional para la implementación del Acuerdo de Paz de Colombia.
El documento insta a los observadores y Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, y a organizaciones de la sociedad civil a unirse a los esfuerzos del Gobierno de Colombia para la implementación efectiva del acuerdo.
Asimismo, la resolución pide la cooperación de la Oficina del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con el fin de implementar las recomendaciones de la experta internacional, la chilena Antonia Urrejola, encargada de identificar los obstáculos para la implementación del acuerdo de 2016.
El texto recomendó a la Fiscalía General de Colombia a investigar las denuncias interpuestas el pasado año por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), quien observó obstaculizaciones en algunos casos como el del exintegrante de las FARC-EP y negociador del Acuerdo de Paz Jesús Santrich, detenido en 2018.
En tanto, un informe presentado este miércoles por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció algunos de los problemas que aún persisten en Colombia y elogió el trabajo realizado por la JEP para investigar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado.
T: Prensa ONU/Telesur/Agencias/LRDS
