Presidenta de Perú pidió la renuncia de la fiscal general

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, pidió la renuncia de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, porque a su juicio “perdió objetividad” para liderar el Ministerio Público, además alegó que lidera una organización criminal enquistada a la Fiscalía.

“Creo que la fiscal de la Nación debe responder a toda esta investigación que nos ha sorprendido hace unos días. Ha perdido objetividad para que pueda continuar en el cargo”, sentenció Boluarte en el marco de la ceremonia de colocación de quilla de las patrulleras marítimas 7 y 8, en  Chimbote, en la región de Áncash.

La Junta Nacional de Justicia de Perú (JNJ) abrió el pasado martes un «procedimiento disciplinario inmediato» a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el marco de las acusaciones en su contra por orquestar una presunta red criminal en el interior de la institución, que habría influenciado ilícitamente en decisiones clave del Congreso de la República.

La mandataria peruana instó al Equipo de Fiscales contra la corrupción del poder (Eficop) llevar a cabo la investigación contra Benavides porque presuntamente la mujer encabeza una  organización criminal que tiene como brazos operativos a su principal hombre de confianza, Jaime Villanueva.

De acuerdo con Boluarte, Villanueva, quien ya fue cesado del cargo de asesor, habría sido el intermediario de la fiscal de la Nación para que algunos congresistas impulsen la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, la inhabilitación de la exfiscal de la Nación.

Recordemos que Jaime Villanueva fue detenido este lunes por un plazo de diez días, en el marco de la ‘Operación Valkiria V’.

La medida judicial también incluyó el allanamiento de las viviendas y oficinas de Miguel Ángel Girao, funcionario del Ministerio Público, y el coordinador parlamentario Abel Hurtado Espinoza, ambos vinculados a la fiscal de la Nación Patricia Benavides.

La fiscal general manifestó que no renunciaría y calificó los hechos como un ataque en su contra. Al mismo tiempo, Benavides presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y el titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, por las muertes ocurridas durante las protestas en el país entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.

Las manifestaciones antigubernamentales en Perú estallaron el 7 de diciembre, cuando Boluarte asumió la presidencia tras la destitución del izquierdista Pedro Castillo por su frustrado intento de disolver el Congreso, gobernar por decretos y convocar a una Asamblea Constituyente.

Las protestas se extendieron hasta marzo y murieron 54 personas, incluidos seis soldados que perecieron ahogados en un río cuando intentaban huir de campesinos que los atacaron con piedras en Puno, la ciudad en el sureste que fue epicentro de las movilizaciones.

La presidenta peruana calificó la denuncia de «maniobra política» con la que «se pretende distraer una denuncia gravísima contra la propia fiscal» Benavides.

Boluarte manifestó su «extrañeza» de que la denuncia haya sido interpuesta «luego de que la ciudadanía tomara conocimiento de los allanamientos y detención del equipo (de asesores) de Benavides por presuntos actos de corrupción».

«Somos enemigos de la corrupción y de la impunidad», agregó.

Boluarte precisó que si logran hacer que la fiscal Patricia Benavides entregue su cargo, se puede evaluar una posibilidad para liberar al expresidente Alberto Fujimori.

El presidente del Tribunal Constitucional (TC) de Perú, Francisco Morales, aseguró que las autoridades peruanas “deben proceder a la excarcelación inmediata” del expresidente Fujimori.

El Tribunal emitió un fallo en el que declaró improcedente una solicitud de aclaración presentada por el procurador del Poder Judicial sobre la sentencia que en marzo de 2022 concedió un habeas corpus (indulto) al expresidente.

El documento reciente señala que la sentencia de 2022 “se trató de una decisión final” y fue “jurídicamente válida”, por lo que “no cabe impugnación alguna” frente a ella.

Actualmente, Fujimori cumple una condena de 22 años en el Penal de Barbadillo por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su mandato, concretamente en los casos La Cantutta y Barrios Altos.

T: Telesur/RT Actualidad/Agencias/LRDS