El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, informó que pedirá al Tribunal Electoral la realización de una “consulta popular”, para que los panameños decidan con su voto si se deroga o no la cuestionada renovación de una concesión minera a una empresa canadiense.
En un mensaje en cadena nacional de radio y televisión, Cortizo indicó que la consulta tendrá lugar el próximo 17 de diciembre, para decidir sobre la suerte del nuevo contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), ratificado por 20 años prorrogables, el 20 de octubre pasado mediante la Ley 406.
«A través de la participación ciudadana, mediante el voto, podremos legitimar la voluntad del pueblo cuyo resultado será de obligatorio cumplimiento», remarcó.
El presidente dijo al país que ha escuchado con respeto a quienes se oponen al Contrato que nació en 1991, hace 32 años. Afirmó que cree en la democracia y, “como Presidente, entiendo el clamor de las voces que se manifiestan sobre el particular”.
Durante la última semana, miles de panameños han salido a la calle a protestar a en favor de la derogación de la ley 406 que otorga una concesión para extraer cobre de un yacimiento a cielo abierto, ubicada en Donoso, una zona forestal de la provincia de Colón, a unos 120 kilómetros de Ciudad de Panamá, que podría sufrir un irreparable daño por la operación de extracción minera.
El mandatario también adelantó que se estará “elevando a Ley la prohibición de minería metálica a nivel nacional”, una moratoria que han venido exigiendo los que se oponen al nuevo pacto minero.
“Serán rechazadas de plano todas las solicitudes de minería metálica nuevas y también aquellas que están en trámite”, señaló el presidente Cortizo, quien explicó que está prohibición será efectiva a partir de este momento tras la firma del Decreto Ejecutivo en cadena nacional.
Saluda salida de Panamá de lista gris
En otro tema, el presidente Cortizo se refirió a la exclusión de Panamá de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), otro de los problemas que heredó su administración cuando asumió el gobierno, en julio de 2019.
“Estar en esta lista nos calificaba como un país que favorecía el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. La exclusión de Panamá de la lista gris del GAFI, que ha sido y es una prioridad de nuestro gobierno, es resultado de un trabajo en equipo que contribuye a fortalecer la imagen y reputación internacional de nuestro país, lo cual favorece la atracción de las buenas inversiones, el crecimiento económico y la generación de empleos”, subrayó.
Panamá se encontraba desde 2019 en la lista al ser considerada una nación de alto riesgo para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El país fue incluido en 2014 en la lista gris del GAFI de países que presentan deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, logró salir en 2016 pero fue reinsertada nuevamente tres años después.
T: Presidencia Panamá/Agencias/LRDS
