El presidente de Bolivia, Luis Arce, informó que el gobierno derogó siete decretos supremos para derribar el «andamiaje neoliberal» dispuesto por la presidenta de facto, Jeanine Áñez. Desde el ministerio de Economía denunciaron que dichos decretos «carecían de respaldo técnico y financiero y pretendían beneficiar a los grandes empresarios» poniendo en riesgo la estabilidad del país. A un mes de su asunción, Arce busca sacar a Bolivia de una profunda recesión económica retomando el exitoso modelo del expresidente Evo Morales.
Con la mira puesta en ese objetivo, la Cámara de Diputados aprobó el impuesto a las grandes fortunas. En tanto, el gobierno empezó a pagar este mes el llamado «Bono Contra el Hambre». «Sin dudas Arce está cumpliendo muchas promesas electorales enfocadas al ámbito estructural: la crisis económica y el golpeado bolsillo del boliviano», señaló en diálogo con Página/12 el director del Centro de Estudios Geopolíticos de Bolivia, Gabriel Villalba. En el horizonte judicial asoma la necesidad de una reforma profunda, mientras la llegada al país de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) busca correr el velo de la represión a las protestas que dejaron un saldo de más de 30 muertos tras el golpe de Estado.
Rumbo a la reconstrucción
«Estamos desmontando el andamiaje del modelo neoliberal reiniciado en noviembre de 2019», dijo Luis Arce en su cuenta de Twitter, al dar cuenta de los acuerdos alcanzados en la reunión de gabinete celebrada el miércoles. Con la excusa de la lucha contra el coronavirus, el gobierno transitorio de Jeanine Áñez había aprobado decenas de decretos durante la emergencia sanitaria.
Los siete decretos supremos que fueron derogados este jueves facilitaban las contrataciones a privados para mejorar el sistema sanitario, impulsaban el apoyo a grandes empresas para el cumplimiento de sus obligaciones sociales y establecían prórrogas y facilidades de pago de impuestos a las exportadoras. En definitiva, el actual gobierno cree que la batería de resoluciones no iba dirigida a los sectores más desprotegidos del país: muy por el contrario, favoreció un aumento de la pobreza y el desempleo.
