El Ministerio de Trabajo de Ecuador emitió este jueves unas disculpas públicas hacia la vicepresidenta del país, Verónica Abad, en cumplimiento con la sentencia que el pasado 23 de diciembre dejó sin efecto la suspensión de cinco meses que le impuso por supuesto «abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborales».
A través una publicación en sus redes sociales, el despacho señaló que por disposición de la jueza Nubia Vera extendía las disculpas públicas a Abad, «al decidir la juzgadora otorgarle el derecho a ser funcionaria pública bajo el ámbito de la Ley Orgánica de Servicio Exterior y no servidora pública bajo el régimen de la Ley Orgánica de Servicio Público».
El pasado lunes, la jueza Vera aceptó la acción de protección interpuesta por Abad luego de que el Ministerio de Trabajo le sancionara con 150 días de suspensión, tras abrirle un sumario administrativo, lo que le impedía asumir la Presidencia de forma temporal cuando el jefe de Estado, Daniel Noboa, deba pedir licencia para hacer campaña electoral, con miras a los comicios de 2025, que se desarrollará entre el 5 de enero y 9 de febrero.
La suspensión se basó en que, cuando el Gobierno aceptó trasladarla a Turquía por las crecientes tensiones en Oriente Medio, no viajó en el plazo fijado, si bien Abad sostiene que sí lo hizo dentro del tiempo permitido por la ley.
Durante las audiencias de la acción de protección, el Ministerio sostuvo que esa cartera sí tenía competencias para abrirle un sumario administrativo, según se había determinado en otro proceso judicial, por lo que podía sancionarla bajo lo que dispone la Ley de Servicio Público y no bajo la de Servicio Exterior.
El mismo día que el fallo de la jueza Nubia Vera restituyó a Abad en su cargo, el presidente Daniel Noboa, dispuso que deberá asumir como consejera temporal en la Embajada de Turquía antes del viernes, sin embargo su abogada, Dominique Dávila, señaló que «por temas de logística es técnicamente es imposible”.
De acuerdo con Abad, este decreto nuevamente pone en evidencia el hostigamiento del Gobierno nacional en su contra.
Cabe recordar que la Vicepresidencia continúa militarizada desde la jornada del 23 de diciembre tras darse a conocer la restitución de sus derechos a Abad, a cuyo equipo impidieron entrar al despacho.
Tras la publicación, el abogado de la vicepresidenta Damián Armijos dijo también en X que las disculpas públicas no se adaptaban «a los estándares jurisprudenciales de la sentencia».
Es decir, señaló, «que las disculpas sean acordadas con la víctima, que se lleven a cabo en el lugar donde sucedieron los hechos, que sean públicas, que se reconozca la responsabilidad por los derechos violentados, que se desarrollen con la presencia de la víctima y que participe la más alta autoridad estatal u otros funcionarios de alto nivel».
También dijo que las disculpas debían ser transmitidas y divulgadas plenamente en todo el país, debían reconocer «las injusticias cometidas, admitiendo el daño y asumiendo las responsabilidad de todo ello», ser «sinceras, eficaces, que honren a la víctima y señalen la importancia de restaurar el respeto por ella, reconociendo su dignidad» y que manifiesten que «no tiene la culpa de lo ocurrido».
Sin embargo, la situación de la vicepresidenta todavía es incierta pues mañana viernes debe acudir a una audiencia por denuncia interpuesta por la asesora presidencial, Diana Jácome, por presunta violencia política de género ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
En una reciente entrevista, Abad dijo que tiene poca confianza en el TCE, donde se ventilará la denuncia de Jácome, que pide el retiro de sus derechos políticos por dos años, con lo cual no Abad podría ejercer cargos públicos.
En la jornada de Nochebuena se informó que el juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Guillermo Ortega, en fallo de primera instancia declaró que Daniel Noboa, la canciller Gabriela Sommerfeld, el exviceministro de Gobierno Esteban Torres y la exasesora presidencial Diana Jácome no cometieron violencia política de género contra la vicemandataria Abad.
El juicio se dio a partir de una denuncia de Abad colocada el 12 de agosto de 2024, en la cual señaló que Daniel Noboa y tres de sus funcionarios le impedían ejercer plenamente su rol y limitaban su participación en decisiones políticas del Estado al designarla como Embajadora de Paz en Israel.
De acuerdo con los análisis del juez, los derechos de la segunda mandataria no fueron vulnerados y esta tiene la facultad de asignar tareas a su equipo. De igual forma arguyó que a través de medios de prueba se comprobó su uso del derecho a la palabra por medio de las entrevistas y ruedas de prensa concedidas a algunos medios de comunicación.
Noboa y Abad, ambos empresarios, fueron la sorpresa en los comicios anticipados del año pasado, pero mantienen una tirante relación que empeoró cuando el mandatario la nombró como embajadora en Israel.
En septiembre, ante una escalada del conflicto en Oriente Medio, Abad fue trasladada a Turquía por seguridad. La cartera de Trabajo argumentó, al suspenderla, que la funcionaria debía instalarse en Ankara hasta el 1 de septiembre, pero que llegó cinco días después.
T: Telesur/Agencias
Justicia ecuatoriana habilita a Verónica Abad para retomar la vicepresidencia
