El Gobierno de Argentina hizo llegar al Congreso la llamada Ley Bases y un paquete de medidas fiscales, una versión reducida de un proyecto de ley Ómnibus cuyo tratamiento fracasó en febrero en la Cámara de Diputados y que constituyen dos de las principales iniciativas del plan económico del presidente, Javier Milei.
«Hemos enviado el borrador con la Ley Bases y las modificaciones en las leyes fiscales», afirmó a la Agencia Sputnik el coordinador nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), Nahuel Levaggi.
El borrador de la ley, que se redujo de 664 a 279 artículos, propone la declaración de emergencia pública por un año en cuatro áreas: administrativa, económica, financiera y energética, sobre las que el presidente tendría facultades legislativas.
El proyecto fue remitido a los gobernadores y a los jefes de bloques del Congreso. El objetivo de la Casa Rosada es que éstos hagan la última validación de los textos para empezar a tratarlos en comisiones en la Cámara baja la semana próxima.
El texto presentado también avanza sobre una reforma del Estado que busca disminuir las dimensiones de la administración pública, lo que permitiría que determinados sectores fueran fusionados, escindidos, disueltos o transferidos a los distritos del país.
Respecto a las privatizaciones, el proyecto actual de Milei propone que sean 18 las empresas susceptibles de pasar a manos privadas, frente a las 40 que proponía el proyecto original.
Cuatro empresas podrán ser privatizadas por completo: Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Intercargo y Radio y Televisión Argentina. Las otras 14 estarían sujetas a una privatización parcial, como el Banco público Nación o la productora Yacimientos Carboníferos Río Turbio, o a una concesión, como Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), Correo Oficial, y las empresas que prestan los servicios de transporte ferroviario, como Belgrano Cargas y Logística, o la Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse).
Por otra parte, el proyecto de Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, un texto de 101 artículos, establece una rebaja del impuesto sobre Bienes Personales (a la renta).
En concreto, la actual gestión propone una alícuota de 0,45% anual para quienes adelanten el pago de este tributo por el período 2023-2027 y estabilidad fiscal hasta 2038, lo que significa que no pagarán más impuestos patrimoniales por ese período.
El oficialismo también espera restituir el impuesto a las ganancias (salarios o ingresos) modificado en el último tramo del Gobierno anterior, de manera que el mínimo no imponible queda en 1,8 millones de pesos para solteros (unos 1.800 dólares) y en 2,2 millones de pesos para las familias con hijos.
El proyecto también incluye un proceso de regularización de capitales no declarados, denominado Régimen de Regularización de Activos, que entraría en vigor desde la aprobación de la ley hasta el 30 de abril de 2025, con la posibilidad de prorrogarlo hasta el 31 de julio de ese año.
Al estar en minoría parlamentaria, el gobierno de Milei debe negociar con otras fuerzas de la oposición el tratamiento de esta normativa para sortear el rechazo del bloque peronista, que es la primera fuerza en ambas cámaras del parlamento, con 105 diputados y 33 senadores.
Sin embargo, el vocero de la Casa Rosada, Manuel Adorni, destacó que «nos encontramos frente a una segunda oportunidad; tenemos confianza en que estamos en otro nivel de madurez».
Adorni recordó que «estamos a un mes del Pacto de Mayo, estamos ante un momento bisagra de nuestra historia y los libros de historia recordarán a quiénes dieron un paso al frente para sacar, a la Argentina, adelante».
T: Sputnik/LRDS
