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¿Tiene la derecha autoridad para prometer que recuperará la institución del voto? (+Clodovaldo)

Por: Clodovaldo Hernández

Continuando con la reflexión acerca de las promesas de la derecha de “reinstitucionalizar” el país, vamos a ocuparnos de uno de los puntos clave: el voto. Y para hacer la revisión, nos preguntaremos ¿qué sector político hizo grandes esfuerzos para desinstitucionalizar las elecciones?

Según dirigentes y opinadores de la oposición, el Poder Electoral venezolano está desinstitucionalizado y necesita un proceso de reinstitucionalización que podría ser realizado por “un buen reinstitucionalizador”, como Edmundo González Urrutia. Rebobinemos.

Comencemos de nuevo el recorrido histórico. Y para ello volvamos a decirles a los jóvenes y a los viejos desmemoriados que el Consejo Supremo Electoral de la IV República no era un organismo irreprochable, integrado por beatos independientes y justos, como quiere hacer ver el relato de ciertos adoradores del pasado. Por el contrario, era un garito en el que tahúres del bipartidismo legitimaban toda clase de marramucias, uno de cuyos lemas fue el icónico “acta-mata-voto”.

 

No era un poder autónomo, en absoluto. Y no sólo estaba subordinado al gobierno y a los dos grandes partidos, sino también a los grupos económicos de poder, al punto de que era costumbre que los resultados “oficiosos” de los comicios los diera el canal Venevisión, apoyándose en las exit poll realizadas por los empleados de la empresa de refrescos Pepsi (dos bastiones del Grupo Cisneros). Al final de la jornada, esos resultados oficiosos se convertían en oficiales. ¿Es esa la institución a la que estos sectores quieren volver? Parece que sí.

 

De nuevo, abril de 2002

Pero, saltemos al período en el que, según esta narrativa, el organismo electoral se desinstitucionalizó. Nos encontraremos de nuevo con abril de 2002, cuando hasta los más reputados demócratas del país apoyaron a un caballero que se juramentó a sí mismo, sin haber sacado un solo voto, salvo en las elecciones de Fedecámaras, donde únicamente tienen derecho al sufragio los dueños del gran capital.

Recordemos que el golpe de Estado de 2002 significó quitar el poder a quien había ganado las elecciones de 2000, con mandato hasta inicios de 2007. Adicionalmente, se desconoció a los funcionarios electos para la AN, las gobernaciones, consejos legislativos, alcaldías y concejos municipales.

 

[No a todos, es preciso acotar, porque el demócrata impoluto Manuel Rosales, que en ese tiempo, igual que ahora, era gobernador de Zulia, firmó el decreto de Carmona y estuvo en el aquelarre de Miraflores, lo que significa que él, por ser antichavista, no había sido destituido. ¡Qué institucional todo! Pero ese es otro tema].

 

Firmas planas y canto de fraude

En los preparativos para el referendo revocatorio de 2004, la flamante oposición metió de contrabando una gran cantidad de firmas falsas, en un flagrante acto de fraude dirigido, entre otras personas, por María Corina Machado y su intento de CNE paralelo, llamado Súmate.

Tras el resultado del referendo, en el que resultó ratificado el comandante Chávez, los opositores cantaron fraude y anunciaron la consignación de pruebas irrefutables en las siguientes 24 horas. En agosto se cumplirán 20 años de ese episodio en el que el cantante fue Ramos Allup. Aún se sigue esperando por los soportes de la denuncia.

 

Todas estas acciones estuvieron destinadas a socavar la fe en el voto y la confianza en el árbitro electoral. Qué duda cabe.

 

Boicot fallido y triunfo opositor

En 2005 ocurrió el capítulo del retiro de los candidatos a las parlamentarias, que analizamos en la primera entrega de esta serie. La idea era deslegitimar al CNE, es decir, acelerar la ruta de las soluciones no electorales.

Pese a su campaña permanente contra el CNE, los opositores concurrieron a las elecciones presidenciales de 2006 en las que Chávez fue reelecto con su mejor votación. También participaron en el referendo de la reforma constitucional de 2007 y lo ganaron por una pequeña cantidad de votos, un resultado que echó por tierra la cacareada parcialidad del Poder Electoral, pues, de ser un árbitro tramposo, ¿por qué habría permitido una victoria tan cerrada en un asunto de suma trascendencia?

Descargas y salidas

En 2013, con un resultado también cerrado, pero un poco más amplio (casi un cuarto de millón de votos), el muy moderado Henrique Capriles Radonski llamó a descargar la calentera (o algo que suena igual) porque perdió con Nicolás Maduro en las elecciones sobrevenidas, tras la muerte del comandante Hugo Chávez. La malcriadez del abanderado derechista costó la vida de 14 personas. No se presentaron pruebas de irregularidad alguna.

En 2014, los pirómanos tomaron el control del alocado barco opositor y emprendieron “la Salida”, disturbios muy violentos contra un presidente que aún no había cumplido un año en el cargo. Aquí aparece de nuevo la dirigente Machado en primer plano. Decían que no podían esperar seis años para llegar al poder por vía de los votos. Necesitaban un atajo y de allí el nombre de su maniobra.

 

En 2015 volvieron al espacio democrático aunque apoyados en la nada digna ni ética guerra económica desplegada contra la población en general. Consiguieron el voto mayoritario para controlar ampliamente la AN, pero ni siquiera por eso reconocieron al CNE que los proclamó ganadores.

 

Al margen del sufragio

A pesar del terreno ganado en el Parlamento, a partir de 2016 las fuerzas opositoras (tanto moderadas como pirómanas) se dedicaron a explorar de nuevo las vías insurreccionales ya mencionadas en el capítulo de la AN, y algunas no referidas, como el magnicidio frustrado de 2018.

Destaca aquí lo ocurrido en 2017 porque en el plano de lo electoral fueron acontecimientos inéditos. En la campaña y el día de las elecciones de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente (30 de julio) se desataron las amenazas, la coacción y la violencia física contra los votantes y los centros electorales. Pueden dar fe de ello los electores de las zonas de clase media que tuvieron que desplazarse, corriendo grandes riesgos personales, hasta centros de votación ad hoc, como el Poliedro de Caracas. ¿Habrá una expresión más concreta de aversión a la institucionalidad del voto y del Poder Electoral que atentar contra quien quiere votar?

 

En 2018, luego de estar a punto de firmar un acuerdo para concurrir a las elecciones presidenciales, los jefes opositores volvieron a apostar (o fueron obligados a ello por sus manejadores del norte) por las vías no electorales. Declararon ilegítimos a esos comicios y la emprendieron contra los que sí participaron, como Henri Falcón y Javiert Bertucci.

 

Reincidieron en su rechazo a la vía del sufragio en 2020, al volver a intentar lo que ya les había fallado en 2005: hacerle un vacío al gobierno en las elecciones parlamentarias. El resultado fue, de nuevo, una Asamblea Nacional con mayoría gubernamental.

 

Llegamos al presente en el que los dirigentes que arrastran este historial nefasto de desprecio a la institucionalidad del voto y del Poder Electoral se lanzan en campaña prometiendo que van a recuperar eso mismo que ellos han mancillado e intentado arrasar. ¡Vaya, vaya!

 

Faltan los recuentos de las acciones desarrolladas por la oposición contra las instituciones de la economía (entre ellas nada más y nada menos que la moneda nacional) y contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las fuerzas policiales,  materias sobre las cuales también prometen ser los grandes reinstitucionalizadores. Volveremos sobre eso próximamente.

T: Clodovaldo Hernández/LaIguana.TV/LRDS

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