La Corte Suprema de Justicia que dejó firme la sentencia contra la exdignataria será la encargada de administrar y subastar el decomiso de los bienes.

Tal ejecución es para cubrir el monto actualizado de 685 mil millones de pesos (480 millones 702 mil dólares), fijado por esa Corte que juzgó a la exdignataria en la llamada Causa Vialidad por la cual cumple seis años de prisión domiciliaria y proscripción política de por vida.

El tribunal que integran los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso tomó tal decisión luego de que se corriera vista a todas las partes para que se pronunciaran.

La medida alcanza a más de 80 propiedades de Báez

En total, la medida alcanza a más de 80 propiedades de Báez y sus empresas; un terreno en Santa Cruz de la expresidenta de seis mil metros cuadrados y 19 departamentos que fueron cedidos en su momento a Máximo y Florencia Kirchner, cuyo origen la Justicia determinó que está relacionado con el fraude al Estado que se juzgó en la causa.

Los abogados de los condenados señalaron que la fiscalía no demostró un nexo causal entre cada uno de los bienes identificados y el delito juzgado. Dijeron que el decomiso se estaba desnaturalizando y convirtiéndose en una suerte de “multa encubierta”.

En cuanto a la expresidenta, juristas y sus defensores sostienen que es muestra de una feroz persecución política.

Cristina Fernández pidió anular la ejecución de los bienes

Cristina Fernández pidió anular la ejecución de los bienes, además de criticar el modo en que se realizó el cálculo del decomiso, y señalar que era ilegítimo decomisar bienes adquiridos antes de 2009.

Sus hijos, Máximo y Florencia, señalaron que no podían ser alcanzados por el decomiso, puesto que no guardaban relación con el proceso.

Los jueces dijeron en cambio que su medida persigue que el delito no rinda frutos y alcanza tanto el producto directo como a ganancias derivadas, y en este caso también a personas no condenadas, como los hijos de la expresidenta o el propio Néstor Kirchner.

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