Honduras respondió a Estados Unidos luego de que la embajadora norteamericana cuestionó un proyecto de ley de reforma del sector energético que prevé garantizar el servicio de energía eléctrica como bien público. El proyecto además propone revisar los contratos con las empresas generadoras de energía y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Según la diplomática estadounidense le preocupa el efecto de la reforma en la inversión extranjera.
Diplomacia desacertada
El ministro de Relaciones Exteriores hondureño, Enrique Reina, cuestionó la intervención de Laura Dogu, embajadora estadounidense, en el debate sobre la reforma energética. «Sra. Embajadora. Ud. ha sido recibida con los brazos abiertos. La reforma energética es urgente como Estado, combate una situación heredada de corrupción y pobreza», escribió el canciller en su cuenta de Twitter.
«Nos preocupa su desacertada opinión sobre la política interna, lo que no contribuye a las buenas relaciones con EEUU», advirtió respondiendo al tuit de la diplomática de Washington que había asegurado estaba analizando la propuesta del gobierno de Castro y tenía “preocupaciones” al respecto. «La reforma energética es crítica para el desarrollo económico. Estamos analizando la propuesta energética y como he escrito nos preocupa el efecto que tendrá sobre la inversión extranjera y la independencia de la agencia reguladora» de energía, escribió, en abierta injerencia, Dogu en Twitter.
La reforma estructural cuestionada por la embajadora estadounidense fue presentada unos días atrás por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. El proyecto enviado por la mandataria titulado Ley Especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social, prevé subsidios a sectores de bajo ingreso, desempleados o discapacitados y la revisión de contratos con generadoras térmicas, eólicas y de otras fuentes para que rebajen el precio del kilovatio por hora. En este sentido, el proyecto establece que en caso de que no sea posible una renegociación “se autoriza a plantear la terminación de la relación contractual y la adquisición por parte del Estado previo el justiprecio”.
Ley de 2014: hacia la privatización de la ENEE
La ley actual de la Industria Eléctrica fue promulgada en mayo de 2014, en el primer mandato de Juan Orlando Hernández al frente del Ejecutivo luego de ejercer la presidencia del Congreso hondureño. Esa legislación abrió las puertas de la estatal energética a la inversión privada que dos años más tarde tendría a la Empresa Energía Honduras (EEH) al frente de la distribución de energía en el país. Esto se vio reflejado en un aumento en la tarifa del kilovatio y del precio de los medidores. Mientras que la ENEE mantiene una deuda millonaria con la privada a quien le debe transferir más de 10 millones de dólares mensuales. Además, desde 2017 el pago debería haber aumentado a 15 millones de dólares. “Todo esto para operar una red que la tienen totalmente descuidada y destruida”, denunció un trabajador de la estatal al portal de noticias de Honduras Contracorriente.
En cuanto a los proyectos de generación de energía, según el portal Contracorriente, la diputada del Partido Salvador Honduras (PSH), Ligia Ramos, integrante de la Comisión de energía en el parlamento recordó que el 20 de enero de 2014 cuando se aprobaron contratos de energía renovable el hemiciclo entonces dirigido por el expresidente Hernández no estaba en funciones. “Ahí dejaron 99 contratos de energía renovables, exagerados en cuanto a lo que cobran, dieron fideicomisos y se aprobó lo de la EEH”, afirmó Ramos, citada por el medio centroamericano. La legisladora hondureña también denunció que el saqueo de la estatal data de 1994. “La han querido privatizar. La empresa privada se ha lucrado de la necesidad de la población y de la ENEE; prácticamente la han quebrado”.
T/ Página12/ LRDS
