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La toma de posesión de Gustavo Petro y Francia Márquez marca el momento estelar de la esperanza en Colombia

Pese a las dificultades, en la Colombia profunda hay muchas esperanzas depositadas en el nuevo Gobierno popular que arranca este domingo. La población es consciente de que llegó el momento de hablar y apostar por el diálogo.

Cada 7 de agosto en Colombia se celebra la derrota militar del invasor español en la Batalla de Boyacá en 1819 que marca el final de la colonización. Esa es la fecha en que toman posesión los nuevos presidentes del país. El 7 de agosto será el día del progresista Gustavo Petro y de su vicepresidenta Francia Márquez. Él, un economista y ecologista exguerrillero. Ella, una lideresa popular de las comunidades negras, ecologista y feminista. Petro es un intelectual serio, al que le cabe el complejo país en la cabeza. Pero fue por la presencia de ella que el pueblo entendió que había que salir a votar. Que venía lo impensable: un Gobierno popular.

Indudablemente, es un momento histórico para muchas generaciones de colombianos. Desde comienzos del siglo XX la oligarquía colombiana jamás dejó llegar al poder a un presidente socialista. Prueba de ello es la larga lista de líderes progresistas asesinados. El presidente más cercano al progresismo fue el influyente dirigente liberal Alfonso López Pumarejo (1934-1938 y 1942-1945), miembro de la elite y a quien le correspondió llevar a cabo reformas liberales que respondían, por miedo o por contagio, a una ola de transformaciones que se presentaban en América Latina bajo el influjo político de la República Española. Desde entonces, la mayoría de sus reformas fueron desmontadas.

En realidad, no es la primera vez que un Gobierno popular llega a la presidencia en Colombia. Ya en 1854 una revolución urbana puso en el poder, casi a rastras, al general José María Melo, que no la había liderado. Melo era cobrizo, de ancestro indígena y, como Petro, exguerrillero, pues en las tropas libertadoras de Simón Bolívar llegó a capitán. En Alemania entró en contacto con las ideas socialistas entre 1836 y 1840, y en 1851 –ya de regreso a su patria– fue ascendido a general. La revolución que lo puso en el poder fue un enfrentamiento entre importadores y productores nacionales: los artesanos, el germen de la industria nacional. Tan pronto Melo fue proclamado presidente se unieron las fuerzas más retrógradas que aparentemente vivían enfrentadas entre sí: los esclavistas, prácticamente todos terratenientes, armaron a sus peonadas, se aliaron con los importadores y arremetieron con toda contra el presidente de la revolución popular. Lo tumbaron antes de un año. Melo no alcanzó a hacer mayor cosa porque se dedicó a defenderse de la arremetida militar. Los historiadores burgueses lo clasifican como dictador. Nada raro.

En Macondo la historia da vueltas en redondo, clamaba Úrsula Iguarán en Cien Años de Soledad. El conflicto con los importadores que golpean y arrasan la producción nacional sigue siendo casi el mismo y se refleja en la quiebra del campesinado y de los medianos productores. Los Tratados de Libre Comercio (TLC) han paralizado progresivamente la industria. Por poner un ejemplo, Colombia era un país algodonero con sus propios telares industriales pero que no produce ya ni algodón ni telas, aunque sí tiene maquilas de telas importadas. El país del mejor café del mundo importa café. Importa arroz, maíz y granos, fertilizantes y alimento pecuario, mientras los productores empobrecen.

El Gobierno de Petro y Francia Márquez también puede sufrir el peso de la unión de las oligarquías. Sabido es que el Pacto Histórico, la coalición que los llevó al poder y su soporte político, si bien logró la mayoría en el Senado está lejos de tener suficientes parlamentarios para sacar en solitario las reformas cardinales a las que se comprometió: establecer un modelo de salud preventiva eliminando empresas intermediarias entre el paciente y la atención médica y hospitalaria, reformar el sistema de pensiones, garantizar una educación pública gratuita y de calidad, establecer impuestos progresivos a los más ricos y gravar las tierras improductivas y, finalmente, comprar su cosecha a los campesinos y vender esa producción de alimentos a precios bajos en los barrios populares.

El Pacto Histórico, medido por el aplausómetro en manifestaciones y encuentros, es joven y ecologista y es esencial que saque adelante la transición energética. También el ingreso vital de medio salario mínimo para cuidadores, en su mayoría mujeres, y para madres cabeza de familia de los sectores populares. En la actualidad sería un pago equivalente a 113 euros mensuales.

Trasladar la Policía del Ministerio de Defensa y llevarla a una nueva cartera relacionada con la paz es otro de los objetivos de Petro. También renegociar el TLC con Estados Unidos, así como cambiar la doctrina militar del enemigo interno y eliminar el servicio militar obligatorio, lo que va en línea con la «paz total», una iniciativa de negociaciones regionales que avanza entre polémicas y obstáculos legales e incluso con la oposición del Tío Sam, siempre tan metido en Colombia, pero que es la más profunda aspiración popular. Implica no solo negociar con las fuerzas guerrilleras que quedan, la principal el Ejército de Liberación Nacional (ELN), también lograr la desactivación de las redes criminales y desactivar los «conflictos que no son de bala», como dice el pueblo. Para todo esto se requiere de mayorías calificadas en el Congreso, pues existen leyes en contra.

Las alianzas políticas que ha logrado el avezado senador del Pacto Histórico Roy Barreras, de origen liberal y a cargo de formar una especie de Frente Amplio, están ligadas a expectativas que muy probablemente no pueden ser satisfechas: las maquinarias de los políticos profesionales hoy en día no se basan en ideas sino en ambición. Cada reforma toca intereses de algún sector económico poderoso, desde la banca hasta los importadores de armas, pasando por los terratenientes y los comerciantes, tan implicados en el paramilitarismo de ultraderecha.

Se suman tareas que no dependen del Congreso, como el asunto cardinal de cumplir el acuerdo de paz con las FARC, un completo programa de Gobierno que el saliente Iván Duque procuró dinamitar incluso tolerando el desfalco de los dineros de la paz para los próximos 10 años. También sacar adelante un plan de choque contra la desnutrición y desprivatizar el servicio de alimentación escolar, que en demasiados casos es el único alimento firme que reciben muchas niñas y niños en el día pero que se convirtió en botín de la corrupción. Petro deberá también irradiar una cultura de paz para afrontar la mentalidad paramilitar que se ha instalado en buena parte de la población beneficiada de una u otra manera por el narcotráfico y la guerra.

Y todas estas tareas tendrán que hacerse en medio del panorama económico poco prometedor, cuando en el escenario imperialista soplan vientos de guerra ante la fuerte recesión mundial en ciernes. Duque está dejando la olla raspada, con una deuda nunca antes vista, firmando contratos de largo plazo y haciendo nombramientos a diestra y siniestra de manera vergonzosa a solo días de dejar el poder. Para no hablar de su balance sangriento: 957 líderes y defensores de derechos humanos asesinados, 261 firmantes de la paz ultimados, 313 masacres con 1.192 víctimas, 555 secuestros, según Indepaz con fecha de 2 de agosto.

Pese a ello, en la Colombia profunda hay esperanza en el nuevo Gobierno popular. Hay conciencia de que lo que viene es compromiso y mucho trabajo y que llegó el momento de hablar de política con los demás, política de verdad, pensando en los nietos, no la archiconocida politiquería del «qué me das tú a cambio».

Colombia vive un momento único, porque el tribunal especial producto del Acuerdo de Paz (JEP por sus siglas) está emitiendo continuamente las confesiones de militares y exguerrilleros reconociendo sus delitos. Al mismo tiempo, la Comisión de la Verdad está presentando su informe final, un extenso y complejo material que pretende ser el retrato más actualizado de Colombia. El ministro de Educación de Petro, exrector de la Universidad de los Andes Alejandro Gaviria, ya anunció que el informe será material en las escuelas. Los docentes se devanan los sesos sobre cómo trabajar el contenido con sus estudiantes: qué es lo que la mayoría debe aprender y cuál la clave íntima que cada cual habrá de entender acerca de cada arista de la accidentada historia reciente de Colombia, que fue borrada de los planes de estudio académicos durante el Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), periodo en el que también resurgió el paramilitarismo.

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Antes de su toma de posesión ante el Congreso este domingo, el jueves Petro acudió ante las Autoridades Tradicionales del pueblo arhuaco en Nabusímake, en la mítica Sierra Nevada de Santa Marta, y tomó posesión ante ellas en un ritual conmovedor, con la presencia de su nueva embajadora en las Naciones Unidas Leonor Zalabata y su ministro designado de Defensa, Iván Velásquez. Lo ungió el mamu (sacerdote) Kuncha, uno de los más respetados por su sabiduría y su conocimiento ancestral.

«Fue una ceremonia muy bonita», comentó a Público el antropólogo y documentalista Yezid Campos, largo conocedor de los pueblos y los sufrimientos de la Sierra Nevada. Aunque otros presidentes han hecho lo mismo que Petro antes de su toma de posesión, este «no fue un acto de demagogia politiquera». A Campos le llamó la atención «la sensibilidad y sentimiento legítimo y sincero de Petro hacia la gente, hacia el ritual, su significado, su espiritualidad, su compromiso. Igual, el cariño de la gente de la Sierra hacia él. Fue un acto de comunión con lo que significa el pensamiento indígena, la unidad total entre el respeto por la naturaleza, el amor y respeto por la vida, y la justicia social». Los mamus le entregaron al nuevo presidente colombiano dos bastones que lo acompañarán en su defensa de la vida y de todo lo que existe en la naturaleza. Al final de su mandato, en cuatro años, Petro deberá regresar a la Sierra Nevada para rendir cuentas.

T/Diario Público/LRDS

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