La República Bolivariana de Venezuela, representada por el fiscal general de la República, Tarek William Saab y el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, realizaron una invitación a la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya para que visite el país y pueda conocer de cerca cómo se realizan las investigaciones en el sistema de justicia para sancionar casos individuales de violaciones contra los derechos humanos.
El titular del Ministerio Público aseguró, en una comparecencia pública, que las instituciones no permiten que haya impunidad, en casos de violación a los derechos humanos, ya sea cometida por civiles o funcionarios del Estado.
Saab, quien ofreció un balance sobre su visita a la CPI el pasado 4 de noviembre, recordó que invitó a la fiscal general del tribunal de La Haya, Fatou Bensouda, a visitar Venezuela para que «conozca cómo se realizan las investigaciones» en el país.
En la reunión del pasado miércoles, Bensouda comunicó a Saab que considera que existen «fundamentos razonables para creer» que se han producido crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Sin embargo, el fiscal venezolano dijo este que «no se puede tipificar que haya crímenes de lesa humanidad» porque la Constitución y las leyes lo han prevenido.
El alto tribunal abrió en febrero de 2018 un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 como en algunas cárceles donde se habría maltratado a opositores.
La Fiscalía de la CPI ha solicitado a Venezuela información sobre «los procedimientos internos pertinentes y su conformidad con los requisitos del Estatuto de Roma«, la carta fundacional de la corte internacional. La CPI es una instancia judicial de último recurso y se rige por el principio de complementariedad, es decir, no intervendría si la Justicia venezolana llevara a cabo auténticas pesquisas sobre los hechos investigados.
Si la Fiscalía del tribunal internacional considera que esas investigaciones no son genuinas y los hechos denunciados son lo suficientemente graves, el examen preliminar pasaría a ser una investigación formal. Al examen preliminar de 2018 se le añadió en febrero de 2020 un informe emitido por Caracas en el que se asegura que las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos en su contra son crímenes de lesa humanidad.
Los señalamientos a Venezuela en esta materia por parte de la CPI son respaldados por los diferentes informes que la comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michele Bachelet, emitió sobre el país caribeño, especialmente en lo referido a los abusos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.
Asimismo, los hechos por los que, tanto la CPI como la ONU acusan al país caribeño, son avalados por distintas ONG nacionales e internacionales dedicadas a la vigilancia del cumplimiento y respeto a los principios fundamentales en este ámbito.
Por último, destacó que Venezuela desde sus orígenes ha manifestado su reconocimiento y apoyo a la Corte Penal Internacional y ha hecho aportes para su evolución en beneficio de la justicia internacional.
“Este comportamiento, reafirmado en la visita realizada la pasada semana, contrasta con la actitud de potencias como los Estados Unidos, que se ha negado a someterse a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y ha llegado al exceso de sancionar (el pasado 2 de septiembre) a la Fiscal Bensouda y otro alto funcionario de la Corte, por investigar si las fuerzas militares de Estados Unidos han cometido crímenes de guerra en Afganistán”, denunció.
La Radio del Sur
