Los Estados miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) rechazaron de manera categórica el anuncio del Gobierno de Estados Unidos de imponer aranceles secundarios del 25 por ciento a los países que comercien hidrocarburos con Venezuela.
A través de un comunicado, la Alianza denunció que semejante medida «es violatoria de las más elementales normas del comercio internacional, al generar un trato abiertamente discriminatorio hacia la República Bolivariana».
Declaró que la medida punitiva estadounidense tiene el consabido objetivo de “afectar sus ingresos nacionales y la salud de su economía, generando sufrimiento en la población”.
El bloque de integración latinoamericano y caribeño señaló que “la absurda motivación de esta medida de agresión económica”, que pretende justificar la criminalización y estigmatización de la población venezolana migrante, al promover la violación sistemática de sus derechos humanos.
Todo ello, indicó, al margen de los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, el Derecho Internacional y los pactos internacionales sobre el respeto a la población migrante.
El ALBA-TCP señaló que siguiendo el formato de las agresiones infundadas e ideologizadas, el gobierno de Estados Unidos “incurre en una nueva arremetida contra Venezuela”, al anunciar la imposición de medidas comerciales extorsivas.
Remarcó que las mismas están dirigidas a afectar la buena marcha de la economía venezolana, “con el claro objetivo de desestabilizar las instituciones y la paz en la hermana nación”.
La Alianza Bolivariana consideró este contexto inadmisible e instó a la comunidad internacional a condenar de forma inequívoca esta acción ilegal, criminal y hostil del gobierno estadounidense.
Subrayó que la misma, no sólo amenaza el desarrollo y bienestar del pueblo venezolano, “sino que se constituye en amenaza real para los pueblos de todos los países de Nuestra América Latina y Caribeña”.
T: Prensa Latina
