El juez federal James Boasberg consideró que la administración del presidente Donald Trump actuó con «mala fe» al deportar a más de 238 migrantes venezolanos bajo la polémica Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, horas antes de que su orden bloqueando las expulsiones se hiciera pública.
Durante una tensa audiencia en el Tribunal de Distrito de Washington, Boasberg cuestionó la legalidad de las acciones del gobierno de Trump, destacando que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) preparó las deportaciones sumarias antes de que se anunciara la proclamación ejecutiva que las autorizaba.
«Si realmente creían que todo era legal, no habrían operado así», afirmó el juez, refiriéndose a la firma secreta de la orden por parte de Trump el 14 de marzo y su publicación tardía el 15 de marzo, cuando los vuelos ya estaban en camino.
La audiencia se centró en determinar si la administración Trump ha cumplido sus órdenes o es culpable de desacato. El juez el 15 de marzo suspendió por dos semanas las deportaciones de presuntos miembros de la extinta pandilla Tren de Aragua. Pese a la medida, dos aviones con deportados llegaron a El Salvador, donde los venezolanos permanecen detenidos en el Centro de Internamiento del Terrorismo (CECOT).
Boasberg acribilló a preguntas al abogado del Departamento de Justicia Drew Ensign para determinar si hubo desacato.
En su opinión el Departamento de Justicia era consciente de que había una vista judicial para las 17H00 horas del 15 de marzo para examinar una demanda presentada por grupos de defensa de los derechos humanos con el fin de intentar bloquear las expulsiones.
«¿Por qué lo prudente no habría sido decir: ‘Vamos a frenar aquí y ver lo que el juez tiene que decir’?», preguntó Boasberg.
El abogado respondió que no estaba al tanto de los «detalles operativos» de las deportaciones.
El Departamento de Justicia (DOJ), representado por Ensign, insistió en que no hubo desacato: los vuelos habían salido del espacio aéreo estadounidense antes de que el juez emitiera su fallo. Sin embargo, Boasberg obtuvo una clave admisión del DOJ: la orden judicial no impedía deportar a los acusados mediante procesos regulares ni liberaba a pandilleros, contradiciendo argumentos previos de la administración Trump.
El gobierno ha pedido a la Corte Suprema que anule la orden del tribunal inferior y permita reanudar los vuelos de expulsión bajo la ley de enemigos extranjeros del siglo XVIII, que antes solo se usó durante la guerra de 1812 y las dos guerras mundiales.
De momento, Boasberg extendió la suspensión de deportaciones por dos semanas más y evalúa una medida permanente.
El caso ha reavivado el debate sobre el respeto a las decisiones judiciales. Trump llegó a pedir el impeachment de Boasberg, provocando la inesperada crítica del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, quien recordó que las apelaciones —no las represalias políticas— son la vía para impugnar fallos.
Organizaciones de derechos humanos y abogados de los deportados denuncian que muchos fueron señalados como pandilleros por el solo hecho de tener tatuajes familiares o camisetas de fútbol, sin oportunidad de defenderse y en la mayoría de los casos sin registro de antecedentes penales.
T: Telesur/Agencias
