La Policía Federal de Brasil concluyó que el presidente Jair Bolsonaro incurrió en un delito al divulgar unos informes secretos para desacreditar al sistema electoral del país, aunque dejó una posible acusación en manos de la Fiscalía General. Según un documento remitido este miércoles a la Corte Suprema, que investiga el asunto, la difusión de esos documentos sobre un ya desmentido fraude en las elecciones de 2018 tuvo como «propósito» la «divulgación de información reconocidamente falsa, con repercusión dañina para la administración pública».
Los documentos formaban parte de una investigación de la Policía Federal sobre un ataque informático a los sistemas del Tribunal Superior Electoral (TSE) ocurrido a mediados de 2018, meses antes de las elecciones de octubre de ese mismo año, ganadas por Bolsonaro y que no fueron afectadas por ese incidente. El líder de ultraderecha divulgó esos documentos, pese a su carácter secreto, en agosto pasado, en el marco de una campaña que desató en contra del voto electrónico, que Brasil adoptó en 1996 y que hasta ahora no ha sido objeto de una sola denuncia de fraude pero que, según el mandatario, favorece las trampas.
El magistrado de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, incluyó ese asunto en un proceso sobre difusión de noticias falsas y ataques a las instituciones y determinó que la Policía Federal investigue la actitud del mandatario. El mismo juez había ordenado la semana pasada que Bolsonaro prestase declaración ante la Policía Federal, después de que este se negara reiteradamente, y lo intimó a comparecer el pasado viernes ante esa institución.
Sin embargo, el presidente no se presentó y alegó su «derecho a la ausencia», aunque el asunto aún no ha sido totalmente aclarado en la esfera jurídica, ya que el Supremo deberá analizar las consecuencias de que un jefe de Estado ignore una orden judicial.
Fiscalía es la que debe acusar
El documento remitido este miércoles por la Policía Federal dice que, a pesar de haber comprobado que Bolsonaro incurrió en un «delito», una posible acusación formal debería ser presentada por la Fiscalía General, por la inmunidad que ampara a un presidente en ejercicio. El presidente del TSE y también miembro del Supremo, Luis Barroso, se refirió al asunto y sostuvo que la difusión «manipulada» de esos informes secretos fue un «auxilio a milicias digitales y hackers» volcados a «ataques criminales» contra las instituciones democráticas del país.
Con la denuncia del supuesto fraude, Bolsonaro lanzó una campaña contra las urnas electrónicas de cara a las elecciones de octubre de este año en las que buscará un segundo mandato, aunque que los sondeos lo ubican detrás del expresidente y líder del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva.
En agosto del año pasado, el mandatario utilizó una entrevista en redes sociales para dar a conocer el texto de una indagatoria de la Policía Federal que investigaba un posible ataque al sistema interno del TSE en las elecciones de 2018.
t/ Página12/ LRDS
