El gobierno de Colombia anunció una prórroga del cese al fuego con una facción de disidentes de la extinta guerrilla de las FARC, a excepción de los grupos liderados por alias “Iván Mordisco” con los que se dio por terminado.
El ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, aclaró que las Fuerzas Armadas del país reactivarán las operaciones ofensivas contra los grupos de Mordisco, quien se levantó de la mesa de negociaciones con los delegados del presidente Gustavo Petro y su guerrilla se dividió en dos en marzo pasado.
La prórroga del cese al fuego por tres meses entre el Gobierno y los frentes de la disidencia Estado Mayor Central (EMC) que aún permanecen en la mesa de diálogos y que están bajo la comandancia de Alexander Mendoza, conocido como Calarcá Córdoba, tendrá vigencia hasta el 15 de octubre.
El decreto firmado por el Ministerio de Defensa especifica que el alto al fuego será con los bloques Jorge Suárez Briceño (compuesto de ocho frentes con presencia en Meta, Caquetá, Guaviare), Magdalena Medio Gentil Duarte (que cuenta con siete frentes) y el frente Raúl Reyes.
De acuerdo con el jefe de la cartera castrense, los hombres al mando de ‘Mordisco’ no cumplieron con el cese al fuego bilateral, por lo que la orden es arremeter las operaciones contra esta facción del grupo armado organizado y en esa línea, «reactivar todas las operaciones ofensivas en todo el país contra esta red», puntualizó.
El Ejecutivo consideró que era importante continuar con el diálogo y el cese de hostilidades militares, pero aclaró que se hará una revisión estricta cada mes del cumplimiento de lo acordado, para tomar decisiones sobre la marcha.
Asimismo, el ministro dijo que en la mesa se trazaron unas «líneas rojas», que deberán respetarse, y «cuya violación dará a la terminación del cese al fuego».
Durante su mandato que comenzó el 7 de agosto de 2022, el presidente Gustavo Petro ha intentado sacar adelante el llamado plan “Paz Total” con el fin acabar con los conflictos mortales en el país. Su proyecto busca incluir a todos los grupos armados ilegales. En ese sentido Bogotá tiene abiertos diálogos con la Segunda Marquetalia, cuyo jefe es el exnúmero dos de las FARC, Iván Márquez, con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Amenazas a la COP16 tras decisión
Pocas horas después de que el Gobierno Nacional finalizó el cese al fuego con las estructuras disidentes al mando de Iván Mordisco, se conoció lo que parecería ser una amenaza de este grupo armado ilegal contra la COP16, el principal evento internacional que se celebrará en Colombia en octubre de 2024.
«La COP16 fracasará aunque militarice con gringos la ciudad. Señor Gustavo Petro, su discurso de protección de la naturaleza se derrumbará”, escribió el grupo armado a través de su cuenta en X.
El Gobierno colombiano asegura que las condiciones de seguridad están garantizadas, para recibir a delegaciones de más de 190 países y acojer a cerca de 12 mil visitantes que llegarán a Cali y a municipios aledaños para las negociaciones y discusiones sobre la importancia que tiene la protección y restauración de la naturaleza a través de 23 metas para 2030 y cuatro objetivos para 2050, que se realizarán del 21 de octubre al 1 de noviembre.
Negociadores rechazan propuesta de “Fast Track” de Petro
Humberto de la Calle, exjefe de la delegación del Gobierno en La Habana con las extintas FARC, y Sergio Jaramillo, ex Alto Comisionado para la Paz, emitieron un comunicado público en el que cuestionan algunas de las medidas que anunció el presidente Gustavo Petro ante el Consejo de Seguridad de la ONU para acelerar la puesta en marcha de lo pactado en 2016.
Los negociadores criticaron las propuestas de «Fast Track» y la idea de un tribunal de cierre en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
“No creemos necesario apelar a mecanismos de “fast track”, que en todo caso exigen reformas constitucionales que retrasarían en al menos un año la implementación del Acuerdo”, señaló el texto.
Esa medida de “fast track” fue implementada durante el gobierno de Juan Manuel Santos y ambos negociadores recordaron que en ese momento surgió como “una garantía en un momento crítico” que fue la dejación de armas y tránsito a la legalidad de las extintas FARC. Sin embargo, hicieron énfasis en que hoy por hoy esa urgencia no existe, por lo que creen que la medida no tiene justificación y tampoco se debe implementar para temas ajenos del Acuerdo.
Como alternativa a la propuesta de Petro, los negociadores apuntaron que un mejor mecanismo sería el acuerdo nacional que quedó establecido como un compromiso en el Acuerdo. “Si se logran consensos políticos alrededor de puntos críticos de la implementación, en paso por el Congreso de las leyes que se deriven de ese acuerdo no debería presentar mayor dificultad”, sostuvieron. Sin embargo, aclararon que la asamblea constituyente nunca fue el propósito del acuerdo nacional que finalmente quedó pactado.
Asimismo, aprobaron la idea del presidente Petro sobre la extensión del tiempo para cumplir con la implementación, sin embargo, le hicieron observaciones. “Es una propuesta razonable en relación con los procesos que exijan esfuerzos fiscales, pero no se debería extender a medidas transicionales que tienen límites legales e incluso constitucionales”, apuntaron.
De la Calle y Jaramillo sentenciaron que sin esfuerzo, en los próximos años el Acuerdo “puede naufragar”.
T: RT Actualidad/Hispan TV/Agencias/LRDS
