Los gobiernos de Colombia y Ecuador expresaron su disposición de seguir aplicando de manera eficiente y expedita los procedimientos previstos en los acuerdos bilaterales para facilitar las repatriaciones voluntarias de ciudadanos privados de libertad.
Delegaciones de alto nivel de ambos países se reunieron en Bogotá, este miércoles, para «abordar la aplicación de los mecanismos de colaboración y cooperación judicial entre Colombia y Ecuador en el marco del Convenio de Esmeraldas en lo relacionado con la repatriación de personas sentenciadas”, informó la Cancillería neogranadina en un comunicado.
El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Gutiérrez, aseguró que están a la espera de que Ecuador les dé información sobre el número de personas que serían deportadas.
“Todavía no hemos recibido información puntual de los 1.500 o de las personas que van a ser repatriadas, entonces estamos a la espera de que envíen la información para empezar a revisar los requisitos”, aseguró.
Según el convenio de 1990 firmado entre Colombia y Ecuador, este “es un proceso individual (no masivo), que responde a criterios objetivos (no a la simple voluntad de los Estados parte), y que debe contar con el consentimiento de la persona privada de libertad de conformidad con solicitud presentada por escrito por parte del interesado o de su representante legal o, por el país de nacionalidad del sentenciado, previo consentimiento de la persona que va a ser trasladada”, explicaron el Minjusticia y la Cancillería colombiana en un comunicado.
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, planteó la repatriación de los privados de libertad como una medida para hacerle frente a la crisis de orden público que vive ese país.
Aunque el país cuenta con 36 cárceles con capacidad para casi 30.200 personas, el censo penitenciario de 2022 indicó que había un total 31.300 presos, de los cuales 3.200 eran extranjeros.
T: Agencias/LRDS
