Legisladores demócratas exigen revelar acuerdo Trump-Bukele sobre secuestro de venezolanos

Un grupo de 43 congresistas demócratas, entre ellos 21 influyentes senadores, exigió al secretario de Estado, Marco Rubio, y a la secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem, que revelen de inmediato los detalles completos del acuerdo que permitió el envío de 252 venezolanos a la megacárcel salvadoreña CECOT, durante los meses de marzo y abril de 2025, bajo la Administración del presidente Donald Trump.

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En una carta firme y extensa, los legisladores describieron el episodio como “una mancha en la conciencia moral del país”, y reclamaron acciones urgentes para evitar que Estados Unidos vuelva a ser cómplice de graves abusos contra migrantes.

La exigencia surge una semana después de la publicación del informe, firmado entre otros por la organización salvadoreña Cristosal, titulado “Han llegado al infierno”, que documenta un patrón sistemático de torturas, violaciones sexuales, abusos psicológicos y tratos crueles dentro de la prisión de máxima seguridad del mandatario salvadoreño Nayib Bukele, catalogada como campo de concentración.

Los congresistas sostienen que los hallazgos del informe revelan no solo atrocidades cometidas en territorio salvadoreño, sino también la responsabilidad directa del Gobierno de Estados Unidos, que habría violado el principio de no devolución (non-refoulement) y habría transferido 4.76 millones de dólares en fondos públicos al Gobierno de Bukele para financiar la detención de los migrantes, confiando únicamente en promesas diplomáticas de respeto a la Convención de la ONU contra la Tortura.

La carta añade que las experiencias relatadas por los venezolanos coinciden plenamente con la definición internacional de tortura. Un total de 40 de los 252 migrantes secuestrados fueron entrevistados, así como unas 150 personas con conocimiento directo de los hechos.

Todos describieron golpizas diarias, privación de agua y comida, violencia sexual, ausencia total de atención médica, aislamiento, amenazas y humillaciones. Muchos siguen padeciendo secuelas físicas y traumas severos.

Los legisladores subrayaron además un punto crítico: los testimonios sobre el trato manipulado y “grotesco” durante visitas oficiales estadounidenses. Según los detenidos, durante la visita de la secretaria Noem el 26 de marzo, los guardias del CECOT les entregaron insumos de higiene, sábanas y colchones exclusivamente para exhibir mejores condiciones.

Treinta minutos después de la salida de la funcionaria, varios detenidos que protestaron fueron golpeados brutalmente, y se les negó comida y agua el resto del día. Otros episodios similares habrían ocurrido tras visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja o después de protestas internas.

Pese a que organizaciones de derechos humanos llevan años alertando sobre torturas, desapariciones y tratos inhumanos en las cárceles salvadoreñas —especialmente desde el “régimen de excepción” de 2022—, el Departamento de Seguridad Interna decidió enviar a los venezolanos al CECOT, y el Departamento de Estado autorizó fondos para su mantenimiento.

En su reclamo, los demócratas piden respuestas precisas antes del 10 de diciembre. Exigen, entre otros puntos:

• Los términos completos del acuerdo bilateral con El Salvador.

• La identidad del funcionario que autorizó la transferencia millonaria.

• Las restricciones o condiciones (si las hubo) que acompañaban esos fondos.

• Las evaluaciones de riesgo realizadas antes del traslado.

• Si estos hallazgos serán incluidos en el Informe de Derechos Humanos 2026 del Departamento de Estado.

La carta está firmada por algunos de los senadores más influyentes en política exterior: Tim Kaine, Chris Van Hollen, Jeanne Shaheen, Dick Durbin, Jeff Merkley, Ron Wyden, Cory Booker, Ed Markey, Richard Blumenthal, Alex Padilla, Mazie Hirono, Bernie Sanders y Adam Schiff, entre otros.

También figuran representantes de peso en la Cámara como Gregory Meeks, Joaquin Castro, Adriano Espaillat, Nydia Velázquez, Debbie Wasserman Schultz y James McGovern.

La situación podría convertirse en un foco crítico de fricción entre el Congreso y la Administración Trump, justo cuando Washington intenta recomponer su política migratoria hemisférica. También reabre un debate profundo sobre el rol de EE.UU. en instalaciones penitenciarias extranjeras acusadas de crímenes de Estado.

Mientras tanto, el Gobierno de Bukele no ha respondido oficialmente a las acusaciones, pero ha defendido en repetidas ocasiones su política carcelaria como un “modelo mundial contra el crimen”, pese a los informes internacionales que describen al CECOT como un centro de castigo extremo, aislamiento masivo e inexistencia de garantías básicas.

Los 43 legisladores demócratas advierten que Estados Unidos no puede mantener una política que exponga a migrantes vulnerables a torturas y abusos, y advirtieron que esta crisis constituye un desafío ético y legal que “el país no puede permitir que se repita”. Con Telesur.