Dos fallos constitucionales ponen en riesgo elecciones judiciales en Bolivia
Las cortes de Beni y Pando declararon desiertas las convocatorias al resolver dos recursos de amparos constitucionales de candidatos inhabilitados
Dos salas constitucionales de Bolivia declararon «desiertas» las convocatorias para elegir a los jueces de los Tribunales Supremo de Justicia (TSJ) y Constitucional Plurinacional (TCP) y han puesto en vilo las elecciones judiciales previstas para el 1° de diciembre.
Los fallos fueron emitidos en salas constitucionales de las regiones amazónicas de Pando y Beni, a instancias de candidatos inhabilitados.
«Se ha dispuesto declarar desierta la convocatoria para magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, no solo en el departamento de Pando (noroeste), sino a nivel nacional», informó a periodistas el presidente del Tribunal Departamental de Justicia, José Luis Sotelo.
Sotelo precisó que, una vez notificada la resolución, podrán presentarse solicitudes de complementación y enmienda, las cuales serán remitidas al Tribunal Constitucional para su revisión.
El recurso fue interpuesto por María Esther Caero, quien postulaba al TSJ, argumentó, mediante un amparo constitucional, que la Asamblea Legislativa Plurinacional había favorecido a una abogada del departamento de Cochabamba (centro), en lugar de seleccionar a una candidata residente en Pando.
De igual forma denunció que no se cumplieron los criterios de equidad de género y que no se alcanzó el número mínimo de postulantes.
El falló de Beni ordena devolver las listas de los candidatos que ya están en proceso electoral a la Asamblea Legislativa «a efectos de considerar el presente y puedan ser subsanadas respetando todos los parámetros establecidos en la presente resolución».
Este amparo constitucional fue presentado por el abogado Hugo Vargas Palenque, quien se postuló en marzo de este año al TSJ por el departamento de Beni, fue habilitado y llegó a la fase de precalificado; según su denuncia tenía 150 puntos en total y debió ser remitido al TSE para participar como candidato, sin embargo, asegura que optaron por colocar a otras personas que tenían menos puntos.
El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, dijo que este miércoles la sala plena analizará los fallos que se han producido en los departamentos de Beni y Pando sobre las elecciones judiciales y calificó las acciones como un golpe a la democracia.
«Este es un golpe a la democracia que no lo hemos visto en los últimos años. Quien habla está ligado al proceso electoral en los últimos diez años y nunca había visto que un proceso electoral tenga tantas trabas», alertó.
A su juicio, estas salas se han «extralimitado en el análisis» al buscar que el órgano electoral «sea una especie de suprapoder por encima del Legislativo», encargado de la fase de preselección de candidatos para los comicios judiciales, sobre todo en lo referido a la calificación de los postulantes.
Según Vargas, fuera de las repercusiones judiciales que implicaría la suspensión de la votación, también se ocasionaría un daño económico al Estado porque ya se erogaron gastos para la organización de los comicios.
La Constitución boliviana, vigente desde 2009, establece la elección por voto popular de los magistrados de los principales tribunales del país, previamente seleccionados por el Legislativo, para un mandato de seis años.
El mandato de los elegidos en 2017 culminó a principios de 2024, pero como las elecciones en 2023 no prosperaron, en diciembre pasado los magistrados del TCP extendieron su propio mandato y el de los jueces de las otras cortes, alegando que así evitaban un «vacío de poder» hasta que se realicen nuevos comicios.
El proceso se da con más de un año de retraso debido a que ningún partido de la Asamblea Legislativa Plurinacional cuenta con los dos tercios necesarios para aprobar la convocatoria ni la lista de candidatos. Cuando finalmente se logró convocar el proceso electoral, se presentó una seguidilla de recursos judiciales que demoraron la realización del proceso.
El 1° de diciembre serán elegidos mediante voto popular 26 magistrados del Órgano Judicial, compuesto por el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Tribunal Constitucional Plurinacional, además del Consejo de la Magistratura. En todos los casos, serán elegidos titulares y suplentes.
Unos 7,8 millones de personas están habilitadas para votar.
T: Xinhua/Agencias
