El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Yván Gil, saludó la nueva denuncia de expertos de la ONU contra las acciones del Gobierno de la Estados Unidos contra el país.
«La verdad de Venezuela se abre paso en el mundo: la política de amenaza, fuerza y saqueo colonial ha quedado jurídica y moralmente expuesta», dijo el ministro junto al pronunciamiento de cuatro expertos de Naciones Unidas.
Los funcionarios denunciaron hoy miércoles que el bloqueo marítimo parcial impuesto por Estados Unidos a Venezuela violaría las normas fundamentales del derecho internacional.
En diciembre, Estados Unidos anunció un “bloqueo de todos los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela” y desplegó una gran fuerza militar en el Caribe, cerca de Venezuela.
“No existe derecho a imponer sanciones unilaterales mediante un bloqueo armado”, afirmaron los expertos.
Un bloqueo constituye un uso prohibido de la fuerza militar contra otro país en virtud del artículo 2(4) de la Carta de Naciones Unidas. “Es un uso tan grave de la fuerza que también está expresamente reconocido como agresión armada ilegal en la Definición de Agresión adoptada por la Asamblea General en 1974”, dijeron los expertos Ben Saul, relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; George Katrougalos, experto Independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo; Surya Deva, relator especial sobre el derecho al desarrollo y Gina Romero, relatora especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación.
“Por lo tanto, se trata de un ataque armado en virtud del artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, que en principio otorga al Estado víctima el derecho a la legítima defensa”, añadieron.
“El uso ilegal de la fuerza y las amenazas de emplear más fuerza en el mar y en tierra ponen en grave peligro el derecho humano a la vida y otros derechos en Venezuela y la región”, afirmaron.
La agresión constituye un crimen que, conforme al derecho internacional, está sujeto a jurisdicción universal, lo que faculta a todos los Estados a enjuiciarlo. Sin embargo, los más altos dirigentes gubernamentales gozan de inmunidad frente a procesos penales extranjeros mientras permanezcan en funciones
“Existen serias preocupaciones de que las sanciones sean ilegales, desproporcionadas y punitivas conforme al derecho internacional, y que hayan socavado gravemente los derechos humanos del pueblo venezolano y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, señalaron.
El bloqueo se produce tras la designación por parte de Estados Unidos, en noviembre de 2025, de elementos del Gobierno venezolano, incluido su Presidente, como parte de una presunta “organización terrorista extranjera” denominada Cartel de los Soles, una entidad cuya existencia no ha sido comprobada. Estados Unidos también ha afirmado que Venezuela ha “robado” bienes estadounidenses y debe devolverlos.
Asimismo, el bloqueo ocurre después de los asesinatos arbitrarios perpetrados por Estados Unidos contra al menos 104 personas presuntamente implicadas en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos por vía marítima, mediante 28 ataques contra embarcaciones civiles desde principios de septiembre de 2025. Según los informes, ninguna de las personas asesinadas representaba una amenaza inmediata que justificara el uso de fuerza letal. En febrero de 2025, Estados Unidos incluyó a ciertos carteles de droga y pandillas como organizaciones terroristas extranjeras y afirma estar librando una guerra contra “narcoterroristas”.
“Estos asesinatos constituyen violaciones del derecho a la vida. Deben ser investigados y los responsables llevados ante la justicia. Mientras tanto, el Congreso de Estados Unidos debería intervenir para evitar nuevos ataques y levantar el bloqueo”, dijeron los expertos.
Instaron a los Estados a adoptar de manera urgente todas las medidas posibles para poner fin al bloqueo y a las ejecuciones ilegales, incluso mediante protestas diplomáticas, resoluciones de la Asamblea General y contramedidas pacíficas, así como garantizar que los responsables rindan cuentas ante la justicia.
“La acción colectiva de los Estados es esencial para salvaguardar el derecho internacional”, subrayaron los expertos. “El respeto al estado de derecho, la soberanía, la prohibición del uso de la fuerza, la no intervención y la solución pacífica de las controversias son pilares fundamentales para preservar la paz y la estabilidad mundial”.
T: LRDS/ Prensa Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
