Denuncian a fiscal a cargo de investigar el caso de criptoestafa masiva que involucra a Milei

Un conjunto de diputados nacionales de la oposición presentó una denuncia penal contra el fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación del caso Libra, por mal desempeño y violación de deberes de funcionario público. La acusación se basa en “demoras injustificadas en la producción de pruebas” y en la “retención y ocultamiento” de las mismas a la parte querellante.

La acción penal fue impulsada por los legisladores Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica; Sabrina Selva, Juan Marino, Itai Hagman, Julia Strada y Rodolfo Tailhade, de Unión por la Patria; y Esteban Paulón, de Provincias Unidas. Estos parlamentarios, que el año pasado lideraron la comisión investigadora del caso Libra, argumentaron en el escrito que las irregularidades del fiscal afectan el avance del proceso judicial relacionado con la masiva estafa de activos de la ciudadanía en torno a una criptomoneda promovida por el presidente Javier Milei.

Cronología de los hechos señalados en la denuncia

En el documento, los firmantes detallan una secuencia de eventos que, según su planteo, evidencias demoras injustificadas. El escándalo judicial del caso Libra surgió el 14 de febrero de 2025, con un tuit de promoción del mandatario argentino a una criptomoneda cuyo valor se desplomó pocas horas después. Sin embargo, el secuestro de dispositivos electrónicos de Mauricio Novelli y Sergio Morales —figuras expuestas desde el inicio en la reconstrucción de la trama— se produjo recién el 6 de marzo de 2025.

«Entre los meses de marzo y mayo de 2025, el material fue recibido por la fiscalía interviniente, quedando desde ese momento a su disposición elementos potencialmente decisivos para el avance del proceso. No obstante ello, recién el 9 de septiembre de 2025 se ordenó el análisis de dicho material, lo que implicó una primera dilación significativa en el tratamiento de prueba central», puntualizaron los diputados en el escrito.

Además, el 15 de octubre de 2025, varios diputados nacionales solicitaron una reunión con Taiano para acceder al expediente judicial y agilizar la tarea de la comisión investigadora. La negativa del fiscal, según los denunciantes, “quebró toda la tradición legislativa, en materia de colaboración interpoderes, entre el Legislativo y Judicial”.

El 17 de noviembre de 2025, la fiscalía recibió un informe preliminar del peritaje telefónico de Novelli, completado el 7 de enero de 2026, “sin que ello se tradujera en un impulso efectivo de la investigación”. No fue hasta el 13 de marzo de 2026 que se garantizó a las partes el acceso integral a la prueba producida a partir del dispositivo móvil de Novelli, quien actuó como nexo local del negocio millonario organizado con el empresario norteamericano Hayden Davis.

«Se consolidó así una secuencia de demoras que, por su extensión y falta de justificación, resultan incompatibles con un desempeño diligente de la función de Fiscal. Durante todo ese período, pese a la existencia de elementos que indican la posible presencia de acuerdos económicos relevantes, comunicaciones entre involucrados e indicios de coordinación previa y post a los hechos del caso investigados, no se registraron medidas sustanciales tendientes a avanzar en la determinación de responsabilidades. No solo no se dispusieron llamados a indagatoria, sino que tampoco se formalizaron imputaciones”, lamentaron los diputados.

Orientación de la investigación y citación a Natalia Volosín

Los legisladores cuestionaron la diligencia del fiscal en otros aspectos. Taiano citó una declaración testimonial a la periodista y abogada Natalia Volosín después de que ella hiciera pública la retención y ocultamiento de prueba. Las pruebas detectadas por la comunicadora revelaron la celebración de un contrato confidencial entre Davis y Milei, dos semanas antes del lanzamiento de la criptomoneda.

«Inmediatamente (Taiano) ordenó su citación con una premura que no habíamos advertido en la investigación de los hechos materia de denuncia. Tras el escándalo público, el Fiscal Taiano dejó sin efecto la misma; reafirmación de un accionar -de mínima- errante y parsimonioso», recordaron los firmantes. Además, el fiscal orientó la pesquisa del caso hacia los autores de la “filtración” mediática de audios y mensajes del teléfono de Novelli. “Por segunda vez, condujo el foco de su actividad no al escándalo de los hechos acontecidos el 14 de febrero del 2025, los meses anteriores y los posteriores; sino a todo lo accesorio”, criticaron.

Posibles delitos imputados al fiscal

La denuncia identifica un “patrón de conducta” caracterizado por demoras injustificadas, que afecta el debido proceso, la cooperación entre poderes y el impulso de la acción penal. “El periodismo va a más velocidad que el propio Poder Judicial”, recriminaron. Entre los posibles delitos, destacan la “retención indebida de prueba relevante” y su “eventual ocultamiento a los querellantes”, incompatible con el principio de objetividad del artículo 9 de la Ley 27.148, que exige actuar en búsqueda de la verdad sin criterios selectivos.

También señalan la ausencia de medidas sustanciales —como imputaciones o indagatorias— pese a elementos incriminantes, en violación del artículo 25 incisos a) y b) de la Ley 24.946, que obliga a promover la acción penal en defensa de la legalidad.

El redireccionamiento hacia cuestiones accesorias, como la indagación de la filtración y la citación de Volosín, configura una “desviación del objeto de la investigación” , vulnerando nuevamente el deber de objetividad. Las restricciones al acceso a la causa por terceros interesados ​​generan falta de transparencia y negativa a la colaboración interpoderes.

“Todo ello configura un supuesto de mal desempeño funcional, tanto implica el incumplimiento grave de los deberes impuestos por el artículo 120 de la Constitución Nacional, la Ley 27.148 y la Ley 24.946, afectado de manera directa el correcto funcionamiento del sistema de administración de justicia” , concluyeron los diputados.

Fuente: Telesur

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