Ordenan a Cristina Fernández y otros pagar $537 millones por la causa Vialidad

La Justicia argentina intimó a la expresidenta Cristina Fernández y a los otros ocho condenados por la causa Vialidad a pagar 684 mil millones de pesos (537 millones de dólares) para cumplir con la ejecución de la pena por irregularidades en la concesión de obras viales.

El Tribunal Oral Federal número 2 de Argentina dispuso que Fernández deberá afrontar junto a exfuncionarios de su gobierno y empresarios el decomiso de ese monto por el «daño producido al erario público».

En los próximos 10 días hábiles, la exmandataria deberá depositar su parte del monto total en efectivo en una cuenta creada por la Justicia en el Banco de la Nación Argentina. Ese plazo vence el 13 de agosto a las 9:30 porque las próximas dos semanas son feria judicial y esos días no se cuentan como hábiles, de no ser cumplido se activará un proceso de remate de las propiedades ya embargadas que le pertenecen.

Los fiscales del juicio de Vialidad, Diego Luciani y Sergio Mola, elaboraron un listado de los bienes de Cristina Fernández y sus hijos, del empresario  Lázaro Báez, y del resto de los otros siete acusados, que está en poder del Tribunal y en el que se incluyen además de los bienes cedidos por la ex presidenta a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, en 2016, millones de dólares en efectivo a inmuebles, pasando por empresas y vehículos.

En su resolución, el Tribunal estableció el monto a través de peritos contables oficiales y definió la maniobra desarrollada durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández como un «daño producido al erario público» y un «gravísimo hecho de corrupción».

Los jueces también rechazaron la pericia contable presentada por la defensa, que reclamaba devolver un monto mucho menor (42.000 millones de pesos, algo más de 33 millones de dólares). Se espera que Fernández y el resto de los condenados apelen la resolución judicial.

Fernández permanece bajo prisión domiciliaria desde el mes pasado, tras la confirmación de la Corte Suprema de Justicia a la condena a seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La Justicia argentina dictaminó la semana pasada que la expresidenta siga en su actual lugar de prisión domiciliaria, que continúe portando una tobillera electrónica y que deba pedir autorizaciones especiales para recibir visitas por fuera del listado de familiares y personas esenciales presentado al comienzo de su condena el mes pasado.

T: Agencias