Me sorprende que la mayoría de análisis en medios y comentarios en redes sociales sobre la reforma constitucional en materia eléctrica enviada por el gobierno de López Obrador a la Cámara de Diputados el pasado 30 de septiembre se centran más en analizar la posible división en la votación del PRI, que el contenido de la reforma en sí, que pocos parecen haberse detenido a leer.
Dado que los resultados del 6 de junio a la Cámara de Diputados le impidieron a Morena y aliados estar cerca de la mayoría cualificada, se hace necesario contar con alrededor de 60 votos, que son los que Andrés Manuel López Obrador está intentando ganar del ala más nacionalista y de centro-izquierda del PRI, en una magnífica operación política para romper la unidad opositora (probablemente también lleguen algunos votos de diputados perredistas).
Pero lo importante de este debate y eventual aprobación de una reforma constitucional que termine de sepultar los acuerdos neoliberales del Pacto por México, aprobación que podría llegar en torno a marzo-abril mezclándose en el debate público con el referéndum por la ratificación de mandato, es la visión de Estado que está proponiendo el Presidente para la segunda mitad de su sexenio.
Probablemente el cambio más importante de la reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, aparentemente de forma, pero de fondo en realidad, es que CFE dejaría de ser una empresa productiva del Estado (que como empresa tiene la obligación de maximizar beneficios) y pasaría a ser un organismo del Estado (con personalidad jurídica y patrimonio propio), teniendo como objetivo potenciar el desarrollo nacional y mejorar la vida diaria de la gente.
Es por ello que la reforma constitucional implica la apuesta de la 4T por un Estado social frente al mercado neoliberal, poniendo el interés público por delante del interés privado. No es posible que la ley actual obligue a la CFE a comprar electricidad primero a las empresas privadas, trasnacionales en la mayoría de los casos, practicas avaladas por una Comisión Reguladora de Energía cooptada en buena medida por esas mismas empresas privadas que a su vez tienen permisos de autoabastecimiento para generar su propia electricidad, permisos que han servido para generar un mercado ilegal de energía.
Cemex, Bimbo, Oxxo Walmart, Femsa y Kimberly-Clark no cubren ni el costo real del porteo (la electricidad que va sobre el cable de transmisión), básicamente es el Estado vía CFE quien está subvencionando sus grandes ganancias vía infraestructura y tarifas preferenciales. La otra gran mentira impulsada por las y los lobistas mediáticos de las transnacionales de la energía es que la reforma eléctrica supone un impulso a los combustibles fósiles frente a las energías renovables.
La verdad que actualmente ya el 35% de la energía que produce CFE es limpia, y hoy las plantas hidroeléctricas de CFE generan la energía más limpia, constante y barata. En cuanto a las transnacionales, solo es más barata su energía verde porque no se tienen que hacer cargo de los costos que se le cargan a CFE, como las grandes inversiones en líneas de transmisión (que pagamos entre todos y todas porque se divide el costo del sistema), subestaciones y otros equipos muy costosos, además de que las plantas de respaldo (con un desgaste muy grande por andar acelerando y frenando) para cuando no producen también son pagadas por la CFE.
Sin ese respaldo por ejemplo las transnacionales renovables no podrían operar, pues permanentemente incumplirían sus contratos. Todos esos costos no se contemplan en el cálculo cuando se habla de que las renovables son más baratas, ese es el gran negocio de la energía “verde” en México, en manos de trasnacionales, muchas de ellas españolas (Iberdrola, Endesa o Naturgy, ex Gas Natural Fenosa).
De nuevo, es el Estado vía CFE quien les subvenciona sus ganancias. Finalmente, la reforma constitucional hace de facto una nacionalización del litio (en realidad una no privatización), mineral estratégico en el futuro inmediato de la energía, y mercado en el que México, a falta de certificarlas, podría tener una de las reservas más grandes del mundo.
Es por ello que esta reforma, más allá de los cambios que se le puedan hacer en el proceso de aprobación y concesiones necesarias para lograr la mayoría cualificada, tiene el objetivo estratégico de lograr la soberanía energética y luchar contra la pobreza social, lo que implica también una apuesta por la soberanía económica al reducir el peso de las trasnacionales a las que el Estado dejaría de subvencionar sus grandes beneficios.
Es decir, la reforma eléctrica es una reforma en defensa de los Derechos Humanos y de la soberanía, por lo tanto, de la seguridad nacional, para que no se produzcan ni los apagones de Estados Unidos, ni los altos precios históricos de la electricidad en España.
Por: Katu Arkonada
T: MILENIO/LRDS
