La violencia volvió a apoderarse de las cárceles de Ecuador con dos masacres en tres días que dejaron 29 presos asesinados y 59 heridos. Como si fuera poco, el servicio penitenciario informó el sábado pasado que dos detenidos fueron hallados sin vida con aparentes síntomas de asfixia en una cárcel de la provincia costera de Esmeraldas.
Con más de 450 presos muertos desde inicios de 2020, la mayoría de los enfrentamientos se da entre bandas criminales que disputan el control interno de los centros carcelarios ante la ausencia del Estado.
Agrupaciones como el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos consideran que el laberinto carcelario podría ser incluso catalogado de genocidio, ya que el gobierno de Guillermo Lasso no pudo frenar hasta ahora las matanzas ni tampoco el ingreso de armas, municiones y explosivos a las cárceles.
«Si lo vemos en términos de población per cápita, el Ecuador ya tiene la mayor cantidad de asesinados en las cárceles de América Latina. De acuerdo a la normativa internacional un Estado está obligado a brindar seguridad y evitar este tipo de hechos, pero claramente el Estado ecuatoriano no está cumpliendo con sus responsabilidades», explicó el director del Centro Andino de Estudios Estratégicos (CENAE), Mario Ramos.
Autogobierno y abandono de las cárceles
Apenas dos días antes de que estallara la última masacre carcelaria en Ecuador, expertos en derechos humanos de la ONU realizaron una visita al país en la que comprobaron que la grave crisis en el sistema penitenciario se debe al abandono estatal y al autogobierno gestado al interior de los recintos. Ramos comparte ese diagnóstico y agrega que el «dejar hacer, dejar pasar» del gobierno de Lasso es a veces una «estrategia deliberada para mantener alarmada y atemorizada a la sociedad y tener vía más expedita para cuestiones como la privatización del patrimonio público de los ecuatorianos».
En la cárcel de la localidad andina de Latacunga, en el centro de Ecuador, la violencia que dejó como saldo 16 presos fallecidos se habría originado por el asesinato de Leandro Norero, un narcotraficante de 36 años que fue detenido en mayo y era buscado por Perú.
Un fusil de asalto, tres pistolas, 45 sables caseros y otras 23 armas blancas fue el resultado de la requisa practicada en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande y poblada de Ecuador. El lugar fue escenario de otra de las masacres de la semana pasada, que se saldó con 13 detenidos muertos. Además se investiga a un policía por estar involucrado en el hallazgo de un paquete con más de 700 balas para fusil en un baño de esa cárcel.
Las bandas en disputa
Desde los centros de detención, bandas como Los Chone Killers, Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones manejan el creciente tráfico de drogas en Ecuador. Ubicada entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína, Ecuador incautó un récord de 210 toneladas de droga en 2021. Ese mismo año la tasa de homicidios casi se duplicó al cerrar con 14 asesinatos por cada 100 mil personas.
Las organizaciones criminales, que tienen conexiones con carteles mexicanos, se disputan a sangre y fuego el dominio del negocio. Solo en una masacre murieron 122 presos en Guayas 1 en septiembre de 2021, una de las más atroces ocurridas en América latina.
«En cualquier momento, otra masacre»
Un comité de pacificación creado por el gobierno ante la crisis penitenciaria, señaló en abril que las cárceles ecuatorianas «se consideran bodegas de seres humanos y centros de tortura». Para Mora es fundamental que el Estado ecuatoriano destine presupuesto suficiente y realice acciones eficaces para recuperar el control de las prisiones.
«En los cuerpos y las vidas de las personas privadas se expresa la violencia y la pugna entre quienes tienen o detentan el control de los centros de privación de libertad. Debido a que se conoce que allí existen armas, por ejemplo, en cualquier momento puede suceder una nueva masacre», alerta..
T/ Página12/ LRDS
