El Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladesh condenó este lunes a pena de muerte a la ex primera ministra Sheij Hasina por crímenes contra la humanidad cometidos durante la cruenta represión de las protestas de julio y agosto de 2024, que costó la vida a unas 1.400 personas y que finalmente provocaron su caída tras quince años de mandato.
El Tribunal también dictó pena de muerte para quien fuera ministro del Interior durante aquellos hechos, Asaduzaman Jan Kamal, mientras que al ex inspector general de Policía Choudri Abdulá al Mamun, quien colaboró en el proceso judicial, le ha impuesto cinco años de prisión.
El tribunal ha dictaminado la confiscación de los bienes de Hasina, huida a India y que tiene otros tres casos pendientes en esta misma corte, establecida en 2009 para investigar y enjuiciar crímenes de genocidio y de lesa humanidad, dos por desaparición forzada y otro por la represión de unas protestas de 2013.
Hasina ya fue condenada a principios de julio a seis meses de cárcel por desacato tras ser imputada por crímenes contra la humanidad al ordenar la represión de las protestas.
Tras conocer la decisión judicial, Sheikh Hasina denunció que su condena a muerte responde a un proceso político dirigido por el Gobierno interino de Muhammad Yunus, al que acusó de emplear un tribunal parcial para intentar eliminarla a ella y a su partido.
«Los veredictos anunciados en mi contra han sido dictados por un tribunal manipulado, establecido y presidido por un gobierno no elegido y sin mandato democrático. Son parciales y están motivados políticamente«, declaró en un comunicado difundido por la Liga Awami, la formación política que lidera.
Sheij Hasina ha rechazado las pruebas presentadas en su contra por la fiscalía, incluidas grabaciones que sugerían que había autorizado el uso de “armas letales” contra la multitud.
Bangladés celebrará elecciones generales y un referéndum constitucional en febrero del próximo año.
T: Agencias
