Venezuela envió sendas comunicaciones a siete organismos internacionales relacionados con la pesca comercial, incluida la FAO, en la cual denuncia la grave violación a la soberanía nacional por parte del gobierno de los EEUU tras la intercepción de forma ilegal del pesquero venezolano “Carmen Rosa” en nuestra Zona Económica Exclusiva, informó este miércoles la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
En la comunicaciones, Venezuela calificó la acción del Gobierno de Estados Unidos de «desproporcionada» y aseguró que la misma constituye «una violación del Derecho Internacional y los Derechos Humanos, y se enmarca en un intento por obstaculizar nuestra actividad productiva y desarrollo económico».
Rodríguez indicó que el gobierno venezolano ha solicitado «una condena internacional ante este acto hostil», ya que indicó dicha operación no fue notificada «en ningún momento» a Venezuela, como país de bandera de la embarcación.
Detalló que el pasado 12 de septiembre, el pesquero de bandera venezolana identificado como «Carmen Rosa», que no transportaba armas de ninguna naturaleza y era tripulado por nueve humildes pescadores atuneros, fue interceptado por un destructor de la Armada de los Estados Unidos de América, identificado como USS «Jason Dunham» (DDG-109), equipado con armamento de guerra, incluidos potentes misiles de crucero, y tripulado por efectivos militares altamente entrenados, mientras navegaba a 48 millas náuticas al noreste de la Isla La Blanquilla, en la ZEE venezolana.
Resaltó que no sólo fue interceptado, sino que el navío de guerra estadounidense desplegó dieciocho efectivos militares con armas largas que abordaron y ocuparon la pequeña e inofensiva embarcación durante ocho horas, privando de libertad a los pescadores e impidiendo la comunicación y el normal desenvolvimiento de una faena autorizada de pesca de atún.
«Como podrá apreciar, el uso de un buque misilístico y personal militar de comando contra una embarcación pesquera de carácter civil resulta en un acto claramente desproporcionado, que vulnera las reglas y principios que rigen las operaciones de control de la navegación marítima y atenta contra el libre ejercicio de la actividad pesquera, así como contra los derechos humanos de los nueve trabajadores pesqueros involucrados, incluyendo sus derechos a la libertad e integridad personal», señala la misiva.
Venezuela recordó que, conforme al derecho internacional, «las actividades de control de la navegación marítima deben desarrollarse de manera coordinada entre los Estados, de manera proporcional y con estricto respeto a las normas de derechos humanos y de regulación de la actividad pesquera aplicables».
«Venezuela cuenta con una larga trayectoria en el ejercicio de la pesca en aguas del Mar Caribe, tanto artesanal como industrial, así como con una importante flota pesquera y una sólida cadena de transformación y comercialización de sus productos. Por tanto, considera inaceptable que pretenda obstaculizarse su actividad productiva y su desarrollo económico mediante operaciones injustificadas y claramente contrarias a derecho», advirtió.
T: LRDS
