La Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminó este viernes que las décadas de ocupación israelí de los territorios palestinos es «ilegal» e instó a ponerle fin «lo más rápidamente posible».
El máximo órgano judicial de la ONU, cuyos pronunciamientos no son vinculantes, estimó que la política de asentamientos de Israel es contraria a la Cuarta Convención de Ginebra sobre el desplazamiento forzado de personas.
La corte denuncia el «fracaso sistemático» de las autoridades israelíes a la hora de impedir la violencia de los colonos israelíes contra la población palestina en el territorio ocupado de Cisjordania.
La CIJ declara además que Gaza es parte integral del territorio ocupado por Israel en 1967, y forma una «única unidad territorial con Cisjordania y Jerusalén Este» y señaló que la ocupación extendida de los territorios socava los derechos de los palestinos a la autodeterminación.
El organismo consideró que las políticas y prácticas de Israel «están diseñadas para permanecer indefinidamente y constituyen una anexión».
Nawaf Salam, el magistrado que preside el tribunal, señala en la decisión sobre la legalidad del Gobierno israelí en Cisjordania y Jerusalén Este de un panel de 15 jueces que existen «amplias pruebas de que Israel proporciona incentivos» a su población para que se traslade a los territorios palestinos, y que «Israel legaliza regularmente los puestos de avanzada establecidos en desafío de su propia legislación interna».
«La propiedad pública confiscada beneficia a la población civil de los colonos en detrimento de la población local, por lo que el tribunal concluye que las políticas territoriales de Israel no se ajustan a los artículos 46, 52 y 55 de las regulaciones de La Haya», indicó el organismo.
El dictamen fue solicitado a finales de diciembre de 2022 por la Asamblea General de la ONU, y por tanto, antes de los acontecimientos del 7 de octubre de 2023, que desencadenaron la actual guerra entre Israel y Hamás.
La Corte también evaluó el estatus jurídico de la ocupación de los territorios y las consecuencias resultantes para la ONU y los Estados.
Aún está pendiente la resolución de la CIJ sobre la demanda de Sudáfrica contra Israel alegando violación de la Convención sobre Genocidio.
El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, dijo que “la decisión de La Haya demuestra por enésima vez que se trata de una organización claramente antisemita y política, no aceptaremos sermones morales de su parte, ha llegado el momento de la gobernanza y la soberanía”.
En 2004, Israel desestimó un dictamen consultivo de la CIJ que dictaminó que una barrera de separación israelí alrededor de la mayor parte de Cisjordania era “contraria al derecho internacional” y que los asentamientos israelíes se habían establecido en violación del derecho internacional.
T: Agencias/LRDS
