El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela expresó este martes su rechazo categórico a la aprobación de un proyecto de ley, por parte de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, que «de manera desvergonzada», le han colocado el acrónimo de Bolívar, «en una ofensa contra el genio más grande de la historia americana, quien dedicó su vida a derrotar el imperialismo y el colonialismo, anti valores contenidos en este nuevo ataque criminal».
En un comunicado, la Cancillería denunció que dicho instrumento «busca impedir el relacionamiento y la cooperación económica de Venezuela y los Estados Unidos en distintos ámbitos de acción, en franca violación a la Carta de las Naciones Unidas, solicitado por la derecha fascista de los grandes apellidos, sumándose a las más de 930 medidas coercitivas unilaterales y extraterritoriales en contra del pueblo venezolano y del propio sistema empresarial estadounidense».
En el texto, publicado por el canciller Yván Gil en su canal en Telegram, Venezuela exhorta a los órganos de Naciones Unidas encargados de los Derechos Humanos, así como a la comunidad internacional, especialmente la latinoamericana y caribeña, «a condenar este acto ilegal y violatorio de la soberanía nacional».
El Ejecutivo, sin embargo, auguró que esta nueva arremetida «tendrá asegurado su fracaso, como todas las ridículas aventuras a las cuales han sometido al gobierno de los Estados Unidos, incluido el estrafalario apoyo a Juan Guaidó en el año 2019», así como «en su intento de doblegar al pueblo Bolivariano, que seguirá derrotando cada agresión y dando lecciones al mundo de su gallardía para avanzar en la senda de la prosperidad construida junto a su gobierno revolucionario».
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el lunes 18 la Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Ilegítimo Régimen Autoritario Venezolano (Bolívar) presentada por el congresista republicano Mike Waltz, escogido por el presidente electo Donald Trump como su futuro asesor de seguridad nacional, y la demócrata Debbie Wasserman Schultz, para reforzar las sanciones existentes contra Venezuela.
Dicha ley prohibiría al gobierno estadounidense contratar a empresas o individuos con vínculos comerciales con el gobierno de Maduro o cualquier gobierno sucesor que no sea reconocido como legítimo por Estados Unidos.
La normativa debe de ser aprobada ahora por el Senado, donde tiene respaldo de una amplia mayoría bipartidista, antes de pasar a la firma del presidente de Estados Unidos Joe Biden.
T: Agencias/LRDS
