Tras el derrame petrolero en el mar de Ventanilla, en Perú, el Poder Judicial declaró con favor el pedido de impedimento de salida solicitado por la Fiscalía, contra cuatro representantes de la empresa de hidrocarburos Repsol ante el grave daño ambiental que causó la petrolera.
El juez Romualdo Aguedo declaró fundado el requerimiento fiscal y dispuso el impedimento de salida por 18 meses contra el gerente general de la refinería La Pampilla, Jaime Fernández-Cuesta.
🚨 #LoÚltimo Juez Romualdo Aguedo declara fundado requerimiento fiscal y dispone impedimento de salida del país por 18 meses contra el gerente general de la Refinería La Pampilla, Jaime Fernández-Cuesta y los funcionarios Renzo Tejada, Gísela Posadas y José Reyes. pic.twitter.com/8WdAG5scVH
— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) January 28, 2022
No sólo el gerente de la refinería tiene prohíbico salir de Perú, también están imputados como cómplices el jefe del Terminal Marítimo 2 de la refinería La Pampilla, Renzo Tejada Mackenzie, y los gerentes de Repsol en Perú para Calidad de Medioambiente, Cecilia Posdas Jhong, y para Producción, José Reyes Ruiz.
En el marco de la audiencia, los cuatro directivos de Repsol, imputados por el presunto delito de contaminación ambiental por el derrame petrolero, se allanaron al pedido de impedimento de salida.
La medida recae contra Jaime Fernández-Cuesta Luca de Tena (gerente general), Renzo Tejada Mackenzie (jefe del Terminal Marítimo 2), Cecilia Posadas Jhong (gerente de Calidad de Medio Ambiente) y José Reyes Ruiz (gerente de Producción) de la empresa productora de hidrocarburos.
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 28, 2022
Como se sabe, el derrame de hidrocarburos afectó aguas marinas, suelo y subsuelo marino, con impacto en la flora y la población. En Perú, la contaminación ambiental reciben penas no menores a cuatro años ni mayores a seis años de prisión.
El abogado de Fernández Cuesta ya había adelantado que no se va a oponer al requerimiento, pese a indicar que su defendido ha colaborado en todo momento y permitió que la justicia entre a La Pampilla para las investigaciones iniciadas.
De igual forma, los otros directivos aceptaron la medida y aseguraron que no pretendían salir del país para colaborar con las investigaciones. La Fiscalía considera que la medida es indispensable para la investigación y asegurar el esclarecimiento de los hechos.
De acuerdo con el Ministerio Público, se tienen indicios de que «conociendo el derrame producido no habrían cumplido adecuadamente sus funciones”, pues el vertido ascendió a más de 6.000 barriles, que se desplazaron desde la refinería hasta Supe en Barranca, a unos 140 kilómetros de distancia.
T/Telesur/LRDS
